La familia de los políticos

En campaña electoral algunos creen que todo está permitido, incluso la infamia.

Francisco Camps afirma que el presidente Zapatero es "una mala persona" porque su abuelo "no le transmitió la ternura y el cariño que normalmente transmiten los abuelos a sus nietos".

Como es sabido, el abuelo de Zapatero, Juan Rodríguez Lozano, capitán del Ejército constitucional de la República, fue fusilado en 1936, mucho antes de que naciera su nieto.

El imputado Camps conocía ese dato. Aún así pronunció esa frase "miserable", en palabras de la portavoz socialista Elena Valenciano.

Pero a los líderes del PP, defensores del concepto más rancio de familia, no les importa atacar a los familiares de sus adversarios para ganar votos. Porque lo que pretenden, como dijo el presidente Griñán el fin de semana, es "aniquilar" a los socialistas, "desde el rencor y el odio, incluso personal".

En esa estrategia diseñada por Javier Arenas se inscribe la implacable persecución del vicepresidente Manuel Chaves, de sus hijos y de sus hermanos. Cada semana le plantean la misma pregunta, en el Congreso y el Senado, sobre la actividad profesional de su hijo. El martes pidieron su reprobación, y fracasaron estrepitosamente.

Por cierto: la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha limitado las preguntas de la oposición sobre la contratación de familiares de concejales del PP.

Ahora, los populares van detrás de José Antonio Viera, secretario general del PSOE de Sevilla. Siguen la misma pauta. Señalan que la empresa en la que trabajó su hija recibió 900.000 euros en subvenciones siendo su padre consejero de Empleo. No aportan pruebas, ni acuden a los juzgados. Se limitan a sembrar sospechas.

Lo mismo que hacen con Susana Díaz, número dos del PSOE, a la que le preguntan de manera insidiosa si algún familiar suyo ha participado "de forma directa o indirecta en la tramitación de un ERE".

En sentido contrario, es curioso observar cómo un mismo argumento es valido si lo utiliza el PP y rechazable en boca de los socialistas.

Por ejemplo, la alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, preguntada en su día por la contratación (60.000 euros) de su hijo en el Ayuntamiento de Torremolinos (en manos del PP), respondió: "Deberían dejar a mi hijo en paz, que es un chaval licenciado, con un magnífico currículo que se presenta a unas pruebas y las saca". Oña señaló, con razón, que deben ser los acusadores quienes "demuestren que ha habido alguna irregularidad en la contratación".

¿Vale este argumento para el hijo de Oña, pero no para el hijo de Chaves?

Precisamente mañana está citado en un juzgado de Fuengirola, para responder de un presunto delito de prevaricación y trafico de influencias, el responsable de la televisión municipal, José Manuel Díaz. Según Javier García León, secretario general del PSOE local, Díaz deberá explicar al juez "por qué siendo director de Fuengirola Televisión facturó al Ayuntamiento con otras empresas a su nombre, en un momento en el que, además, mantenía una relación sentimental con la propia alcaldesa de Fuengirola".

Otras veces son las esposas las que encuentran acomodo laboral. Por ejemplo, la del candidato popular a la alcaldía de Córdoba, José Antonio Nieto. Según Juan Pablo Durán, secretario provincial de los socialistas cordobeses, Nieto cambió de opinión en la fallida fusión de la caja cordobesa con Unicaja "cuando le compraron la voluntad y de una forma muy barata: por un puesto de trabajo en Cajasur, en concreto para su señora".

Pero de estos familiares se habla menos. Para ellos se exige, como es lógico, la presunción de inocencia. En el caso de Chaves, de Viera, de Díaz, piden lo contrario: que demuestren ser inocentes. Una curiosa forma de entender la justicia y practicar la infamia.