Lógica

Si la democracia española estuviera sujeta a las reglas comunes de la lógica, los ciudadanos aprovecharían estas elecciones para desalojar del poder en las comunidades autónomas y Ayuntamientos a todos aquellos que lo han ejercido durante estos últimos cuatro años, independientemente de cual sea su adscripción ideológica. Entre otras cosas porque, por mucho que estos se empeñen en eximirse a sí mismos de toda responsabilidad en la enorme magnitud de nuestras desgracias actuales, son ellos los principales causantes de, al menos, un 50% de estas.

Y este no es un dato interpretable. Se corresponde de manera precisa con el porcentaje de gasto realizado y con la distribución de competencias asignadas a las diversas Administraciones que componen el sector público español. De manera que por la misma razón que todo el mundo parece asumir que el Gobierno central debe ser castigado por su inoperancia para afrontar la crisis, los electores debieran castigar también a los Gobiernos autonómicos y municipales por su manifiesta incapacidad para gestionar los asuntos que son de su exclusiva competencia. Más aún cuando el despilfarro, la megalomanía, el clientelismo, la proliferación irresponsable de entes y fundaciones públicas, y, sobre todo, el clamoroso desprecio que estos han mostrado por el concepto mismo de mantenimiento, han constituido los elementos centrales de su actuación en estos años.

Pero el problema, como ya habrán deducido mis avispados lectores, es que la democracia española no está sujeta a las reglas de la lógica. O, más precisamente, no está sujeta a regla alguna. Porque, de no ser así, resultaría imposible explicar la gran cantidad de incoherencias que se producen ante nuestras propias narices sin que estas resulten ya extrañas para nadie, o sean dignas siquiera de concitar un mínimo proceso de reflexión.

Aquí, por ejemplo, se considera de lo más normal que algunos políticos aplaudan efusivamente al Tribunal Constitucional cuando este declara ilegal una buena parte del Estatut catalán, y sin embargo le acusen de politizado y parcial cuando el mismo tribunal permite que la coalición Bildu se presente a las elecciones. Como se ve normal que un partido que lleva en sus listas multitud de candidatos imputados por corrupción convoque a estos para firmar solemnemente ¡un pacto contra la corrupción! Y por supuesto nada más natural que violar, a la vista de todos, un acuerdo antiterrorista mientras se afirma, con total impunidad, que en realidad quien lo está violando es la otra parte firmante. O contratar como moderadora de un debate en una televisión pública, como Canal 9, a una periodista de Intereconomía, que es, con toda probabilidad, la menos moderada de todo el Occidente cristiano Y así, sucesivamente.

Comprenderán entonces que, ante situación tan inabarcable desde un punto de vista racional, solo quepan dos estrategias sensatas: una, poner tierra de por medio (mientras siga en vigor el Tratado Schengen); o dos, exiliarse interiormente y dedicarse por completo a actividades de carácter exclusivamente espiritual. Elijan ustedes mismos.