Pakistán no se mueve

Pakistán se enfrenta a una compleja situación financiera. Las inundaciones de agosto asestaron un durísimo golpe a una economía que ya venía muy debilitada por la crisis económica internacional y por sus deterioradas cuentas públicas. Ello se ha sumado a una inestable situación política que ha impedido poner en marcha las urgentes reformas fiscales y financieras para racionalizar el gasto público y aumentar la recaudación de impuestos. Las previsiones oficiales indican que este año fiscal el crecimiento va a ser del 2,8%, y se espera crecer el 4,2% en el curso 2011-2012.

El problema crónico de la economía paquistaní es la incapacidad del Estado para recaudar impuestos, lo que deja el peso de los ingresos fiscales casi exclusivamente en manos de las exportaciones y de las ayudas de organismos internacionales. Los ingresos por impuestos representan solo el 10,2% del PIB, uno de los porcentajes más bajos de todo el mundo. En 2010 apenas 3,2 millones de personas se registraron para pagarlos y solo 1,9 millones ingresaron dinero en las arcas del Estado, el 1% de un total de 180 millones de habitantes.

La incapacidad del Estado para cobrar impuestos es un problema crónico

Este año fiscal, además, el país ha debido hacer frente a un coste adicional cercano a los 10.000 millones de euros para reconstruir las zonas afectadas por las fuertes inundaciones de agosto del año pasado. Además de destruir casas e infraestructura pública, las inundaciones arrasaron cosechas y buena parte del tejido industrial textil, principal soporte de las exportaciones paquistaníes. El país debe además importar buena parte de su combustible, por lo que el alza internacional de los precios del crudo también ha sido un elemento en contra de su ya delicado equilibrio financiero.

En 2010 el déficit público llegó al 6,3% del PIB, desde el 5,3% que tenía en 2009. El objetivo es cerrar el año 2011 con un desequilibrio del 4,5%, pero los últimos datos indican que en la primera parte del año fiscal llegó al 2,9%, lo que hace casi inalcanzables los objetivos del Ejecutivo, según indican los analistas. A ello se debe sumar el alza de la deuda pública, que, según los últimos datos, ya supera el 35,4% del PIB, 1,4 puntos por encima de hace un año.

Las principales críticas internacionales precisamente apuntan al inmovilismo del Ejecutivo y a la poca eficacia para combatir la corrupción. En un país en el que un cuarto de la población está por debajo del umbral de pobreza y donde el PIB per cápita alcanza escasamente los 2.500 dólares, los ciudadanos con mayores ingresos no pagan impuestos, ayudados por un aparato público salpicado por la ineficacia en todos los niveles. Esta situación mantiene congeladas ayudas del FMI por valor de 11.300 millones de dólares.

De momento, el Ejecutivo esboza una tímida reforma fiscal para incorporar una tasa que gravaría con un 1,5% los bienes de los más ricos, que regularmente invierten en propiedades para evitar los impuestos sobre la renta. Ello se suma a los impuestos especiales aprobados para apoyar la reconstrucción del país y el proyecto de aumentar el impuesto a las ventas. No obstante, los expertos consideran que el gran objetivo es terminar con las exenciones fiscales sobre las industrias azucarera y agrícola que favorecen a los ciudadanos con mayores ingresos.