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Columna
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Una historia sencilla

Leonardo Sciascia escogió una cita de Frederich Dürrenmatt para abrir la última novela que publicó, Una historia sencilla. "Una vez más quiero sondear escrupulosamente las posibilidades que tal vez queden aún a la justicia". Extraída de su libro Justicia, la frase, cargada de ironía, tenía que ver con un argumento que hurgaba en las tripas de la corrupción, tan típico del autor italiano, y viene al caso estos días en que los sondeos electorales irrumpen en las noticias al mismo tiempo que persiste el lento goteo de acontecimientos judiciales en los casos que afectan a muchos de los políticos valencianos actualmente en el poder. Ayer mismo, sobre los ecos de la encuesta electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas, devastadora para los socialistas en todo el territorio peninsular, asomó de nuevo la instrucción del caso Gürtel, con la solicitud desde el Tribunal Superior de Justicia de las acreditaciones de aforados previa a la asunción de la parte de más enjundia del sumario relacionado con las instituciones valencianas, en manos de los populares.

Así, por una parte, apuntan las encuestas a una impunidad electoral del caso Gürtel, a un coste cero de las imputaciones de soborno, prevaricación, tráfico de influencias y financiación ilegal que planean sobre la cúpula del poder valenciano, dado que pronostican una victoria cómoda del PP de Francisco Camps el próximo 22 de mayo en las elecciones autonómicas y municipales. Y el dato inquieta a los sectores de opinión más escandalizados por la corrupción, como es lógico, mientras extiende una sensación de impotencia entre la ciudadanía que cree que la decencia no es un tema menor para el funcionamiento de la democracia. Por otra parte, "las posibilidades que tal vez aún le queden a la justicia" siguen intactas, con el procedimiento judicial cada vez más cerca de sentar a políticos valencianos en el banquillo.

La disonancia entre una dinámica electoral que parece ajena a las exigencias de transparencia y honradez -aunque la opinión pública refleje al mismo tiempo un perceptible deterioro de la imagen del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, principal responsable de lo que ocurre-, y una dinámica judicial que avanza con paso lento pero inexorable es fuente de malestar y de perplejidad para muchos. Desde que Camps amenazó con emprender acciones en defensa de su honor y negó con vehemencia haberse dejado sobornar con regalos, nada más hacerse pública su implicación personal en los oscuros manejos de su Administración con la red que encabezaba Francisco Correa y que tan eficazmente representaba en Valencia Álvaro Pérez, el clima político se ha ido enrareciendo. La defensa numantina del liderazgo de Camps trata ahora de conjurar las evidencias judiciales con el apoyo del electorado. Vano intento, por lo que a las responsabilidades legales se refiere, aunque sus efectos sobre la política, según lo que pase el 22 de mayo, vayan a perdurar y agudizarse.

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