La fiscalía pide 28 años de inhabilitación para el alcalde de A Baña por falsear el censo

Cuatro años después, el alcalde y candidato del PP en A Baña, José Andrés García Cardeso, se sentará en el banquillo de los acusados para ser juzgado por tres delitos de prevaricación administrativa por haber manipulado a su antojo el censo electoral en vísperas de las últimas municipales. La fiscalía acaba de remitir al juzgado su escrito de acusación en el que solicita 29 años de inhabilitación para el regidor popular, al que considera culpable de tres delitos de prevaricación administrativa, dos de ellos relacionados con un delito electoral. El ministerio público recuerda cómo, antes de los comicios de hace cuatro años, el alcalde de A Baña se ocupó personalmente de estudiar las altas en el padrón municipal e impidió que algunas personas simpatizantes de otros partidos pudieran votar en las elecciones.

El sistema que utilizó, según el fiscal, fue triple. Primero se encargó de guardar en una carpeta sistemáticamente las solicitudes de inscripción en el censo de personas no afines al PP en los meses previos a la cita electoral que se celebró el 27 de mayo de 2007, impidiendo que pudiesen acudir a las urnas.

Al mismo tiempo, Cardeso también incumplió las reiteradas directrices de la Junta Electoral Central y de la oficina del censo tras varias denuncias del PSOE para que revisase la situación de algunas personas inscritas en los domicilios de sus hermanos y sus padres que no vivían en el Ayuntamiento y que solo borró del padrón en 2008, varios meses después de los comicios, cuando ya había sido reelegido para el cargo.

Por último, y también de forma "discrecional", según relata el escrito de la fiscalía, el regidor popular de A Baña decidió incoar "de manera masiva decretos de la alcaldía para dar de baja en el censo con la finalidad de perjudicar de manera intencionada a las personas o a sus familias que notoriamente discrepaban políticamente del alcalde". Con su decisión, el alcalde y candidato del PP de A Baña privó del derecho al voto a vecinos de su municipio que discrepaban ideológicamente con él o con su partido. La fiscalía cita informes de la Oficina del Censo que certifican la baja injustificada de 25 vecinos en el padrón municipal. El ministerio público ve tres delitos de prevaricación en el comportamiento del regidor, por los que pide 29 años de inahabilitación para el ejercicio de cargos públicos.