Zubiaurre elude aclarar el 'agujero' millonario en Sprilur ante la Cámara
La 'comisión De Miguel' cierra las líneas del espionaje y los contratos de Cultura
Acompañado por su abogado, el exdirector de Sprilur durante el Gobierno de Ibarretxe, Antton Zubiaurre, eludió aclarar ayer ante la comisión del Parlamento que investiga los hechos por qué la entidad pública compró bajo su dirección varias hectáreas de suelo rústico en Santurtzi a un precio muy superior al de mercado cuando no había planes de realizar allí un polígono industrial. Sprilur estima el quebranto económico de la operación, investigada por la justicia tras la denuncia del Gobierno vasco por malversación de caudales, en 3,1 millones de euros.
Aunque respondió a algunas de las preguntas planteadas por la comisión parlamentaria, que incluye en sus pesquisas lo ocurrido en Santurtzi, además de las presuntas tramas de corrupción y espionaje de los casos De Miguel y Tellería, Zubiaurre no explicó lo ocurrido en Santurtzi.
El exdirector de Sprilur no explica la compra de suelo en Santurtzi
Zubiaurre niega cualquier implicación en la recalificación de Zambrana
Sí se mostró tajante al negar cualquier implicación en la fallida macrorecalificación de Zambrana, investigada por la justicia por si hubo pago de comisiones ilegales. También aseguró que sus seis años de mandato terminaron en 2008 no porque fuera cesado, si no por motivos de salud.
Sprilur estima en un total de 5 millones de euros el quebranto económico causado por la compra de Santurtzi y otras dos operaciones realizadas durante su mandato en Guipúzcoa. Además de la causa por malversación de caudales, investigada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, Zubiaurre tiene otro frente judicial abierto por un supuesto espionaje informático cuya instrucción está en manos del Juzgado número 10 de Bilbao.
Sprilur ya hizo público el pasado mes su intención de ejercitar acciones penales o civiles para intentar recuperar el dinero perdido, tanto contra los entonces responsables de la sociedad pública como contra los vendedores de los terrenos. En el caso de Santurtzi, el propietario de las tierras es un primo del presidente del PNV de Vizcaya, Andoni Ortuzar.
La de Zubiaurre fue la última comparecencia prevista en el calendario de la comisión, que celebró ayer su última sesión antes antes del parón consensuado durante la campaña electoral del 22-M. El presidente de la comisión, Juan José Agirrezabala, explicó que dan por cerradas las líneas de investigación correspondientes al presunto espionaje del caso Tellería y a las adjudicaciones irregulares del Departamento de Cultura, con más de 200.000 euros en contratos menores de los que apenas constan pruebas documentales que confirmen su realización. Estas pasan así a la fase de elaboración de conclusiones. "Hay información suficiente", explicó Agirrezabala.
La comisión podrá así centrarse en las líneas correspondientes a lo ocurrido en el parque tecnológico de Miñano en Álava, donde una abogada que recibió un contrato a dedo por el que cobró 441.000 euros denunció un intento de extorsión por parte de dos exdirigentes del PNV; y las operaciones de Santurtzi y Zambrana.
Sobre la primera, es más que probable que la comisión opte por más comparecencias tras el silencio de Zubiaurre. En el caso de la segunda, Agirrezabala precisó que estudiarán primero la documentación remitida por las Juntas Generales de Álava, cuya comisión de investigación dictaminó la existencia de varias irregularidades que fueron comunicadas a la justicia.
Si los grupos creen que esta información no es suficiente y quieren plantear más comparecencias tienen de plazo hasta el 26 de mayo para hacerlo. Será el próximo 30 de mayo cuando la comisión se reunirá para decidir si se pide o no a más personas que presten testimonio.
Para darse una comparecencia, tienen que cumplirse dos requisitos: que las personas tuvieran una implicación directa con los hechos o desempeñaran cargos de responsabilidad cuando estos ocurrieron; y que al menos dos partidos apoyen la citación.
El tramo final de la 'comisión Margüello'
La comisión parlamentaria que investiga las supuestas irregularidades en la contratación de servicios sanitarios por parte del anterior Departamento de Sanidad aborda hoy el debate para incorporar las distintas alegaciones de los grupos a la propuesta de dictamen elaborada por su presidenta, Laura Garrido (PP).
El texto elaborado por su presidenta, que no es definitivo, apunta a la creación de un "monopolio" que beneficiaba al exjefe de calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello, lo que provocó un "perjuicio económico" a las arcas públicas, informa Efe. El PSE-EE ha presentado sus alegaciones al borrador que, según fuentes socialistas, están orientadas a "completar" el texto elaborado por Garrido.
Por su parte, el PNV, partido que ostentaba las responsabilidades de Gobierno durante la época en la que se dieron las supuestas irregularidades, discrepa de las conclusiones. Para marcar distancias, los peneuvistas han presentado una propuesta de dictamen alternativo, a modo de enmienda a la totalidad, junto con 57 alegaciones parciales, según explicó la formación en un comunicado.
El escrito, firmado por Nerea Antia y Eider Mendoza, representantes del PNV en la comisión Margüello , recoge el "malestar" de grupo causado por el hecho de que Garrido no haya remitido a los miembros de la comisión el auto en el que el Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao sobreseyó de forma provisional la causa contra el exdirector de Sanidad en Vizcaya, José Ramón Elorriaga, por un presunto delito de prevaricación.
Esto indica, según interpreta el PNV, que el objetivo de algunas formaciones "no ha sido aclarar los hechos, sino que, desde el primer momento tenían redactadas las conclusiones con el único fin de desprestigiar a los anteriores gestores nacionalistas". Asímismo, las enmiendas recogen la protesta del PNV por el hecho de que el borrador de dictamen no se redactase en euskera desde el primer momento.
El Gobierno presentó el pasado mes un escrito reclamando la nulidad de las actuaciones del Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao en torno al caso de supuesta prevaricación. Argumenta que, al rechazarse su personación, no ha podido presentar documentación relevante en el caso. De ser aprobada la nulidad, la instrucción se retrotraería hasta el momento en que el juez rechazó la personación del Gabinete. La Fiscalía de Vizcaya también ha recurrido el sobreseimiento.
El juez explica en su auto que sí hubo irregularidades en la actuación de Elorriaga, pero no constituyen un delito de prevaricación.
Además, el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao está instruyendo lo que se considera el eje de las presuntas irregularidades en la contratación de servicios sanitarios por el anterior Gobierno: malversación de caudales públicos, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. La fiscalía del Tribunal de Cuentas nacional también ha presentado una denuncia por malversación y fraude.
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