Madrid paraliza la devolución de los 'papeles' del archivo de Salamanca

Dos años y medio después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobara el real decreto que regula el procedimiento a seguir para la restitución a particulares de los documentos incautados tras la Guerra Civil todo permanece paralizado en Madrid, pero no en Cataluña y en el País Vasco. El Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica aprobó hace menos de un año el traslado de documentos incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado. También se trasladarán los archivos del Partido Nacionalista Vasco (PNV) que están custodiados en el Archivo de la Guerra Civil, con sede en Salamanca

Pero la devolución en Madrid está paralizada tras la renuncia oficial de la Comunidad, gobernada por Esperanza Aguirre, a colaborar en la restitución de los denominados papeles de Salamanca, reenviando las peticiones de la UGT, la CNT, Izquierda Republicana (IR) y los descendientes del geógrafo Gonzalo de Reparaz Rodríguez al Ministerio de Cultura.

La CNT considera "inconstitucional" que la Comunidad impida la restitución

Esta decisión ha congelado, de hecho, un proceso que, según un dictamen del Consejo de Estado del 18 de diciembre de 2008, que analizaba la posibilidad de que las comunidades no participaran, podría impedir la devolución de los documentos incautados de propiedad privada. Este dictamen dice textualmente: "No por ello debe el Ministerio de Cultura proceder a tramitar la restitución, sino que el derecho a la misma viene mediatizado por que la comunidad autónoma decida facilitar el ejercicio del mismo". Por eso, el Ministerio devuelve toda la documentación que previamente le había remitido el Ejecutivo regional.

Por su parte, un portavoz de la Comunidad explica que pese a la renuncia inicial, el Gobierno de Aguirre, ante la negativa del Ministerio a hacerse cargo de este proceso, "y con el fin de no dejar en una situación de indefensión a los reclamantes", le comunica al Ejecutivo de Zapatero su intención de participar en el procedimiento: "Siempre que el Estado financie los trabajos". Pero el Ministerio considera que esto ya no es posible tras la renuncia inicial.También rechaza realizar una transferencia a la Comunidad, porque esta posibilidad no está prevista en la normativa vigente.

En la Comunidad de Madrid son cuatro los afectados por la paralización de la devolución de los documentos: los sindicatos Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Unión General de Trabajadores (UGT); Izquierda Republicana (IR) y Carmen de Reparaz Zamora, en nombre de los descendientes del geógrafo Gonzalo de Reparaz. Todos ellos habían solicitado al Gobierno de Aguirre, tal y como obliga la ley, que ejerciera de intermediario para la devolución de sus propiedades incautadas durante la Guerra Civil. Además de estos cuatro particulares, el Partido Comunista de España (PCE) también pretende recobrar la propiedad de los documentos incautados, pese a que no ha solicitado la devolución. En este sentido, el secretario de Organización del PCE, Fernando Sánchez, sostiene que su partido prefiere que sus documentos permanezcan en el archivo de Salamanca, a disposición de los investigadores.

La renuncia del Ejecutivo madrileño a participar en el proceso y la negativa del Ministerio de Cultura a proseguir con el expediente iniciado por la Comunidad ha provocado que la CNT, que solicita la devolución de unos 50.000 documentos, haya tenido que recurrir al Tribunal Constitucional. Pero la institución, en una sentencia, explica que antes de alegar un conflicto de competencias, el sindicato debía agotar la vía administrativa en la Comunidad de Madrid. Por eso, la CNT ha anunciado que interpondrá un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En este sentido, el secretario de Patrimonio de CNT, Ernesto Murcia, considera que las organizaciones que tienen su sede en Madrid no tienen el mismo derecho a la restitución de sus documentos incautados que las que tienen, por ejemplo, su sede en Bilbao o en Barcelona. "Esto sería, a nuestro juicio, inconstitucional, puesto que depende de dónde resides puedes obtener la documentación o no". Este sindicato también pidió a la Generalitat de Cataluña la devolución de la documentación obtenida del archivo de Salamanca. Según Ernesto Murcia, de CNT, Cataluña ha contestado que una vez se haya inventariado y identificado la titularidad de cada documento devuelto se procederá a la devolución a los particulares.

Por su parte, en el PCE destacan que el proceso de restitución de los documentos hacia Cataluña podría generar problemas internos, pues muchos de los documentos pertenecen al PCE catalán o al Gobierno de la República en Cataluña: "Y por eso nosotros estudiamos la posibilidad de solicitad a la Generalitat que nos devuelva esos documentos", resalta el secretario de Organización del Partido Comunista, Fernando Sánchez.

Según la versión del Ejecutivo regional, la Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid simplemente trasladó el 10 de febrero de 2010 la solicitud de la CNT y del resto de sindicatos y afectados al Ministerio de Cultura tras constatar que los documentos que pedían se encontraban en el Centro Documental de la Memoria Histórica, cuyo titular es el propio Ministerio. Así, el Ejecutivo regional hizo uso de la posibilidad "contemplada en dicho Real Decreto" de no solicitar al Gobierno la participación en el proceso de restitución, dejando que el Ministerio resolviera directamente, "sin intermediarios".

Pero el 26 de febrero de 2010 el director general de Libroa, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, Rogelio Blanco, contestó a la Comunidad de Madrid, basándose en un informe de la Abogacía del Estado, que el Gobierno no debería tramitar ni resolver las solicitudes de restitución de documentos, fondos documentales y otros efectos incautados para la recuperación de los documentos custodiados en el Centro Documental de la Memoria Histórica. Por lo que devolvió las peticiones, que permanecen congeladas.