Las empresas no pagarán por regularizar empleo sumergido

El plan para aflorar el empleo sumergido será finalmente gratis para el empresario, que no tendrá que abonar las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores que tuviese empleados de manera irregular. El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto que incrementa las sanciones por este tipo de infracciones, a partir del 31 de julio. Hasta entonces, los empresarios podrán dar de alta a los trabajadores sin contrato sin que tengan que reconocer cuánto tiempo llevaba el empleado en situación irregular.

En los borradores del real decreto se había establecido que las altas podrían tener efecto retroactivo (un año en un primer momento, que luego se rebajó a seis meses). Trabajo explica que eliminar la retroactividad supone que "así no hay amnistía". Tampoco implica en sentido estricto una regularización, ya que los empresarios que quieran sortear el endurecimiento de las sanciones a partir de julio se limitarán a dar de alta a los trabajadores como si nunca los hubiesen empleado irregularmente.

La multa mínima por no dar de alta al trabajador se multiplica por cinco

A partir de agosto, las sanciones se incrementan "de manera muy significativa", según avanzó el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. Puso como ejemplo que la multa mínima por no dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social pasa de 626 euros a 3.126 y la máxima de 6.250 a 10.000 euros. La sanción para quien compatibilice el trabajo con el cobro de prestaciones por desempleo pasa de un mínimo de 6.251 a 10.001 euros, mientras que se mantiene la máxima en 187.515 euros

Gómez declinó cuantificar el número de altas que espera que se produzcan en los tres meses de plazo, con el argumento de que el hecho de que se trate de aflorar empleo sumergido conlleva que no se pueden avanzar cifras. Eso sí, dijo que la economía y el empleo sumergidos en España están en la línea del resto de países europeos, "entre el 15% y el 20%", según las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El ministro se limitó a confiar en que el plan "surta efectos positivos", que no auguran en cambio los sindicatos. "No va a tener resultados", sentenció el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, quien instó al

Ejecutivo a "fortalecer" la inspección en el trabajo para perseguir el fraude.

La secretaria de Empleo de CC OO, Paloma López, considera "muy negativo" el plan aprobado por el Gobierno. "No es un plan de empleo sino una regulación de contratos", señaló antes de añadir que el decreto ley aprobado "premia" a los empresarios "sin escrúpulos" que han venido contratando en negro.

Tampoco cuenta el plan con el aplauso de los empresarios. Las patronales CEOE y CEPYME lamentaron que no contenga aspectos fiscales y solo contemple cambios laborales. Ambas organizaciones empresariales denuncian que el real decreto no incluye elementos para acreditar la existencia del fraude denunciado, el alcance económico del mismo o a cuántos trabajadores afecta y la naturaleza de los empresarios, informa Efe.

El real decreto no incluye finalmente la responsabilidad solidaria del empresario respecto a las contratas y subcontratas, que obligaba a pagar las multas por infracciones cometidas por estas, según el Ministerio de Trabajo. A falta de conocer la redacción final del texto, ese departamento avanza que se mantiene la "obligación de velar" porque todos los trabajadores estén contratados legalmente. Además, no podrán contratar con el sector público aquellas empresas que hayan sido sancionadas por no dar de alta a algún trabajador (ahora solo por infracciones muy graves en materia social).

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, afirmó que lo que realmente se necesita es un plan "contra el Gobierno sumergido", mientras que el coordinador federal de IU, Cayo Lara, calificó el plan del Gobierno de "operación de marketing", que no hará aflorar empleo sumergido ni mejorará la protección de los trabajadores.

El plan contra el empleo ilegal irá acompañado de un plan de sensibilización social sobre la economía sumergida y una "intensificación de la actividad y eficacia de las actuaciones de vigilancia y control del trabajo no declarado, por parte de la Inspección de Trabajo", sin más concreción. También ayer el Gobierno remitió al Consejo de Estado el anteproyecto de Ley de la Inspección de Trabajo, que establece una autoridad única con la participación de las comunidades autónomas, y aprobó el proyecto de ley para que los 900.000 cotizantes del régimen agrario pasen al general de la Seguridad Social.