El tribunal de la UE invalida el delito de inmigración ilegal que aprobó Italia

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, decidió ayer que la norma italiana que introdujo en 2009 el delito de inmigración ilegal es contraria al derecho comunitario. La medida impulsada por el ministro del Interior, Roberto Maroni, de la Liga Norte, era el núcleo central del "paquete de seguridad" aprobado por el Gobierno de Silvio Berlusconi, y castigaba con penas de prisión de entre uno y cuatro años a los inmigrantes que no cumplían de forma inmediata las órdenes de expulsión.

Según la sentencia, la norma es contraria a la directiva europea sobre alejamiento y repatriaciones aprobada en 2008, y "compromete una política eficaz de alejamiento y repatriación basada en el respeto a los derechos fundamentales y a su dignidad".

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Los jueces europeos sostienen que, en vez de encarcelar a los inmigrantes que no pueden ser repatriados, Italia "debe proseguir sus esfuerzos para la ejecución de la directiva de retorno".

El tribunal de la UE fue llamado a pronunciarse sobre el caso del ciudadano argelino Hasan el Dridi, condenado en 2010 a un año de prisión por un juez de Trento (norte de Italia) tras no haber respetado una orden de expulsión dictada por el jefe de policía de Udine. El Dridi recurrió al Tribunal de Apelación de Trento, y este solicitó al Tribunal de Luxemburgo que aclarara si la ley italiana se ajustaba al ordenamiento de la UE.

Según el tribunal europeo, "los Estados miembros no pueden introducir, con el fin de superar el fracaso de las medidas coercitivas adoptadas para proceder al alejamiento coactivo [de los inmigrantes], una pena de detención por el único motivo de que [los expulsados] permanezcan en el territorio de ese Estado sin causa justificada, con infracción de una orden de salida de dicho territorio".

La sentencia invoca el principio de que las legislaciones nacionales no pueden ser más severas que las directivas europeas, y llama a los jueces a no aplicar las disposiciones en la materia y, en general, a "aplicar la pena más leve" inspirándose en "las tradiciones constitucionales comunes".

Según la Directiva 115/2008, la retención de inmigrantes irregulares debe durar un periodo "lo más breve posible", nunca superior a los 18 meses, y debe cesar siempre que no haya "una perspectiva racional de alejamiento".

La oposición italiana en bloque aplaudió el veredicto. "Es una bofetada al ministro Maroni y la enésima derrota del Ejecutivo en Europa", dijo Sandro Gozi, responsable de política europea del Partido Democrático, que recordó que el Gabinete "lleva dos años sin querer trasponer la directiva sobre inmigración y violando de forma evidente las leyes comunitarias".

En junio pasado, el Tribunal Constitucional italiano declaró inconstitucional el agravante de clandestinidad instaurado por el decreto de seguridad, que aumentaba las penas en un tercio. Tras el nuevo varapalo a su política, Maroni expresó su "doble insatisfacción": "Otros países europeos prevén el delito de inmigración ilegal y nunca han sido censurados. Querría entender por qué es siempre Italia y solo Italia".

El ministro advirtió: "Con la eliminación de esta ley existe el riesgo de impedir las expulsiones, transformándolas solo en intimidaciones para abandonar el territorio nacional en un plazo de siete días. Esto hará absolutamente ineficaces las políticas de lucha contra la inmigración ilegal".