El Estado deberá pagar 35.000 euros por el motín de Picassent

La Audiencia de Valencia ha condenado al Estado, como responsable civil subsidiario, a pagar 35.690 euros a tres funcionarios de prisiones y dos presos del centro penitenciario de Picassent por las lesiones que sufrieron durante el motín con rehenes que protagonizaron cuatro reclusos en noviembre de 2007.

Los cuatro amotinados ya aceptaron en el juicio el pasado 11 de abril una pena de 21 años, de los que cumplirán 13 y medio. Quedó pendiente para la sentencia la determinación de la responsabilidad civil del Estado. El fiscal solicitaba que el Estado indemnizara con 33.800 euros a los funcionarios afectados y con 90 y 2.000 euros a dos presos lesionados en el motín, y la acusación particular fijaba una indemnización total de 41.690 euros. Por el contrario, el abogado del Estado pidió que se rechazara esa responsabilidad civil subsidiaria.

El tribunal señala que algunos internos tuvieron acceso a "objetos peligrosos" que habían ocultado en un desagüe, lo que "revela una quiebra del sistema de seguridad que resulta imputable" a la "autoridad penitenciaria". En su opinión, no queda acreditado que se incumplieran las medidas de seguridad por parte de los funcionarios, pero estima que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de los internos y de los trabajadores. El sindicato Acaip, que ejerció la acusación particular, consideró "muy positiva" la sentencia y pidió de nuevo mejoras en la seguridad.