Donde habitan los feriantes

A un lado, los ríos Jarama y Manzanares se unen formando un hábitat idóneo para las aves del Parque del Sureste. Al otro, la carretera A-3 limita la expansión de Rivas-Vaciamadrid. Y en medio de todo: la feria. En diciembre del año pasado, una familia de feriantes eligió una parcela de unos 7.500 metros cuadrados al borde de la carretera como sede para vivir. Pero el suelo es rústico, está protegido y, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ripense, no se puede utilizar como domicilio. Aun así, los cuatro hijos de una familia de feriantes se resisten a echarse de nuevo a la carretera con la casa a cuestas. El terreno, según dicen, es suyo y han invertido en él todos sus ahorros.

La normativa de urbanismo prohíbe que la finca se use como residencia

"No vendemos droga como en la Cañada Real", dice uno de los propietarios

El PP ripense denunció el asentamiento antes de las Navidades

En 1997, el alcalde pagó a unos inmigrantes para que se marcharan

La polémica está sembrada y ha crecido entre los juncos del kilómetro 19,5 de la autovía de Valencia. El ejecutivo municipal dice que ahí no se puede instalar nadie y que los feriantes tienen que marcharse. Ellos alegan que no han construido nada porque saben que no se puede y que solo han aparcado sus caravanas y camiones. La oposición, que denunció la presencia del asentamiento días antes de las Navidades, ha traído a colación hechos del pasado similares, cuando el alcalde de Rivas en 1997, Fausto Fernández, tuvo que pagar "con dinero del Ayuntamiento a una comunidad de 157 inmigrantes asentados cerca de la parcela" para que se fueran de la localidad.

"Temen que estemos metidos en drogas o que seamos como los de la Cañada Real, pero han visto que no es así; no somos gitanos ni vendemos droga", razona uno de los cuatro hijos de la familia de nómadas que compraron a partes iguales el terreno. Antonio prefiere no hablar, pero finalmente explica cómo se ve la situación desde su perspectiva. "Compramos el terreno por 35 millones de pesetas -200.000 euros- sabiendo que era rústico, hemos instalado nuestras casas pero no tenemos intención de construir nada porque no se puede y no hacemos daño a nadie", alega. Esta familia numerosa, que asegura haber trabajado en el circo de Ángel Cristo, está empadronada en Barajas, pero quiere que las afueras de Rivas sean su base durante el invierno. De abril a septiembre recorren la Comunidad de pueblo en pueblo para instalar en la feria sus atracciones: la cazuela y otra para niños.

El aspecto de la parcela, al menos, les da la razón. No se parece en nada al paisaje que conforman las infraviviendas de El Gallinero: el terreno rectangular está acotado por arizónicas y subdividido por vallas metálicas para distinguir los que corresponden a las cuatro familias. Los vehículos, algunos de gama alta, están aparcados en batería. El suelo está limpio, a pesar de ser en buena parte de gravilla. Y no se ven niños correteando entre basura. Todos los menores en edad escolar, según el hombre, de unos 50 años, están matriculados en el colegio Rafael Alberti.

-Me ha costado mucho dinero y no me voy a marchar -zanja Antonio.

-¿Por qué no se instalan en terreno urbano?

-Los precios son mucho más altos -responde el feriante asegurando que el Ayuntamiento les ha ofrecido una permuta del terreno para que abandonen el suelo protegido. "Pero, ¿qué es esto? ¿Un mercadillo?" exclamaba con resignación.

Un portavoz del Consistorio ha negado esta oferta y cualquier alusión a antiguos asentamientos. "Lo único que hace el Ayuntamiento es aplicar la ley". Por eso, el 17 de diciembre tramitó una orden de desalojo basándose en los artículos 96, 101, 102 y 103 del PGOU de Rivas que prohíben el uso residencial del terreno perteneciente al Parque del Sureste. "Hay una ilegalidad, la detectamos y actuamos", resume el portavoz. Los feriantes han recurrido la decisión porque tienen "todos los papeles" que acreditan su propiedad. Además, aseguran que pagan los recibos de la luz y que disponen de agua corriente, gracias a la reforma del anterior propietario.

No es la primera vez que la misma finca pone en un brete a su dueño. El último, Domingo García Navas, asegura que nunca pudo darle utilidad: "Pensé en poner un vivero, dejar allí la carga de excavaciones...". Pero ningún proyecto germinó. Siempre se topaba con la Administración. "El Ayuntamiento es el que te da la licencia, pero para eso necesitas presentar el proyecto ante la Comunidad de Madrid para que lo autorice. Había que presentar un montón de papeles", explica el empresario ripense, conocido por el negocio de las excavaciones. Así que después de comprar el terreno, acondicionarlo para que tuviera luz y agua, decidió venderlo. "He perdido dinero con la compra: los 15.000 euros que invertí en las arizónicas y la instalación para sacar agua del pozo", se lamenta.

Lo tuvo en venta dos años. "Me costó mucho venderlo porque en cuanto decía que era suelo rústico, todos los interesados renunciaban", afirma. Navas lo adquirió de la viuda del propietario de una empresa de mármoles que lo conservó durante años después de que el negocio echara el cierre. En esa época, explica Navas, la protección medioambiental era más suave.

De unos 300 interesados, solo la familia de feriantes aceptó quedarse con la finca a sabiendas de que era suelo protegido. "Yo les avisé y ellos asumieron los riesgos", asegura. Navas dice que le pagaron "14 millones de pesetas -84.000 euros", aunque la familia de Antonio asegura que fueron 200.000. Por "tres o cuatro millones" renunciarían a su nuevo domicilio. "Mientras tanto, nos quedamos aquí", zanja Antonio. Después de las lluvias de Semana Santa iniciarán la temporada de feria. En una semana, las caravanas y tráilers saldrán de la finca, pero volverán en septiembre.