Absueltos tres 'ertzainas' de lesionar a un edil que insultó a los Príncipes

Tres ertzainas acusados de causar lesiones a un detenido han sido absueltos por el Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao. Los hechos se produjeron en el transcurso de una visita de los Príncipes de Asturias a Bilbao, en mayo del pasado año, con ocasión de la entrega de los premios de la Fundación Novia Salcedo. El concejal socialista de Berriz Koldo Méndez profirió insultos contra la comitiva de los Príncipes que se dirigía al Teatro Campos Elíseos y fue detenido por negarse a facilitar su identificación.

La sentencia del juzgado, del pasado 5 de abril, considera adecuada la actuación de los agentes, y desestima la versión del acusador y mantiene contra él la imputación por desobediencia y resistencia a los agentes.

Un agente de la Ertzaintza instó al edil a que depusiera su actitud, momento en el cual el Koldo Méndez comenzó a insultar también al ertzaina, según se recoge en la sentencia, por lo que éste le pidió su documentación para identificarle, a lo que se negó. Finalmente, se procedió a su detención, a la que opuso una violenta resistencia que obligó a que tuviera que ser reducido por varios agentes.

Su comportamiento violento, según Interior, se mantuvo incluso cuando estaba esposado para ser trasladado a dependencias de la Ertzaintza. Posteriormente, el detenido presentó una denuncia contra los agentes participantes en la detención, a los que acusó de haberle "reducido sin motivo" y ocasionarle una serie de lesiones.

Multa a un escolta

El fallo judicial desestima la versión del denunciante y considera que las lesiones de "escasa entidad" sufridas por el concejal fueron debidas a su propia actitud agresiva y a la legítima actuación de los agentes.

Por otra parte, la Fiscalía de Guipúzcoa pide una multa de 2.160 euros para un escolta, responsable de una empresa de seguridad, al que acusa de colocar dos detonadores en el buzón de la vivienda que compartía con una juez en San Sebastián, informa Efe.

Los hechos ocurrieron el 9 de mayo de 2010, cuando el procesado presuntamente introdujo dos detonadores y cables mezclados con publicidad en el buzón del domicilio que compartía con una juez en el barrio donostiarra de Aiete. El acusado aparentó que los explosivos habían sido colocados por desconocidas y fingió ser "víctima de un delito".