Olano cree "irresponsable" culpar a las Diputaciones de dejadez contra el fraude
El diputado general reduce a "electoralismo barato" la posición del Ejecutivo
La polémica sobre si las Diputaciones hacen o no todo lo que pueden para combatir el fraude fiscal gana temperatura día a día. El diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, replicó ayer al Gobierno al calificar de "irresponsables" y una muestra de "electoralismo barato" las acusaciones vertidas el miércoles de que las instituciones forales "no actúan como debieran contra el fraude fiscal".
El viceconsejero de Industria, Xabier Garmendia, emplazó a las Diputaciones a que hagan "una utilización más creativa" de la legislación vigente en la lucha contra el fraude fiscal y el afloramiento de la economía sumergida. "No estaría mal que las Diputaciones intervinieran de una forma más decidida", en ese campo, sostuvo.
A esa andanada respondieron ayer desde la Diputación guipuzcoana su máximo responsable y el titular de Hacienda y candidato a diputado general por Hamaikabat, Pello González. En un comunicado, Olano destacó que la sociedad guipuzcoana "conoce perfectamente que ante cualquier sospecha de fraude fiscal el criterio ha sido siempre el de la tolerancia cero". Olano recordó que la constancia de la Diputación ha posibilitado que se hayan aflorado "cerca de 1.300 millones" de euros en ese territorio.
"En todo caso, la acusación vertida por el Gobierno vasco, además de irresponsable, demuestra la frivolidad con la que actúa el actual Gobierno de Patxi López, al mezclar, por una parte, las políticas de apoyo a las empresas, un asunto que merece ser prioritario en las agendas de todas las instituciones vascas, con las falsas acusaciones en materia de fraude fiscal", añadió.
Garmendia hizo esas declaraciones en una conferencia convocada para evaluar la marcha de los planes de ayuda a las empresas. Garmendia criticó que las diputaciones incumplen la ley al no actuar de manera conjunta contra el fraude pese a que la ley de Armonización fiscal así lo establece.
Pello González pidió "más rigor" a Garmendia. "La actuación de combatir el fraude fiscal ha sido el primer objetivo desarrollado por el departamento que dirijo", indicó en una nota. "Hemos aflorado más de 1.100 millones de euros de deuda y hemos enviado cerca de 100 casos a los tribunales", apuntó. El PSE anunció ayer a través de su portavoz guipuzcoano, Julio Astudillo, que va a impulsar en el órgano de Coordinación Tributaria un programa de inspecciones fiscales conjuntas.
La persistente polémica fiscal
La reforma fiscal es un asunto presente en el debate público vasco desde que los socialistas llegaron a Ajuria Enea en 2009, en plena crisis, quizá porque la caída de la recaudación de las Diputaciones rebajó los ingresos a niveles de 2005. El Gobierno propuso a las instituciones forales iniciar los estudios para acometer una reforma fiscal en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), pero aquellas decidieron aplazarlo hasta después de las elecciones del 22-M, a lo que se sumó el Ejecutivo.
El año pasado, el Gabinete, apoyado por su consejo de sabios, también pidió a las Diputaciones que dieran un golpe de timón a sus planes individuales de lucha contra el fraude y, acogiéndose a la ley de Armonización Fiscal planificaran, en coordinación con el Gobierno, campañas conjuntas que resultarían más efectivas.
El debate, sin embargo, no se ha limitado a los conflictos entre los diputados generales y el Gobierno, sino que se ha reproducido entre las propias instituciones forales. Vizcaya y Álava criticaron a la guipuzcoana cuando comprobaron que los datos de lucha contra el fraude de esta última les superaban. El pasado febrero, fue el propio Gobierno el que tuvo que salir al paso para enfriar la polémica.
Y no es el único frente abierto. Los partidos también discrepan, incluso entre aliados, como el PSE y el PP. Mientras el primero apuesta por una reforma que logre incrementar la presión fiscal 1,5 puntos, el PP lleva a su programa electoral una rebaja de la presión fiscal. Y José Luis Bilbao se presentó el pasado día 14 como candidato a la reelección sosteniendo que una subida nominal de tipos "no tendría en el medio plazo un efecto sostenido de aumento de la recaudación, sino todo lo contrario".
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