Vigo y A Coruña incumplen la ley al no privatizar sus empresas de estiba

Las autoridades portuarias tenían hasta febrero para adaptarse a la norma

Se acabaron las empresas públicas que facilitan personal en los puertos para las estibas. Lo dice la Ley 33/2010 de Puertos, que entró en vigor el verano pasado. Aunque algunas autoridades portuarias no se han dado por enteradas y mantienen intacto el servicio a través de firmas de capital mayoritariamente público.

A Coruña y Vigo son las dos únicas en Galicia -en España hay otras cinco-, que todavía no han hecho los deberes, pese a que tenían hasta febrero para completar los cambios. La institución que preside Corina Porro es accionista al 51% de una empresa donde participan Líneas Marítimas Españolas, Estibadora Gallega, Termavi, Bergé y Terminales Marítimas del Atlántico. Porro tenía seis meses, desde la entrada en vigor de la ley, para adaptarla y sustituirla por una sociedad anónima mercantil privada. Funcionará de forma similar: garantizando el personal necesario para que sus accionistas puedan ofrecer el servicio de manipulación de mercancías, pero con un consejo de administración en donde el puerto solo estará presente a través de un consejero independiente. La Sociedad Estatal de Estiba del Puerto de Vigo tiene ahora 136 capataces, estibadores, oficiales y apuntadores que habitualmente manipulan coches, granito, pesca congelada, madera o grandes piezas para la industria.

En A Coruña ocurre otro tanto. En este caso los socios del capital público son Galigrain, Terminales Marítimos de Galicia y Pérez Torres Marítima. La Autoridad Portuaria que preside Enrique Losada debería haber concluido los trámites para diluir la parte pública en la firma. No lo hará, por lo menos, hasta finales de mayo, cuando celebre su próxima junta de accionistas que ha previsto iniciar el trámite. La sociedad pública perdió, según las cuentas publicadas en el Registro Mercantil, 3.700 euros en 2009.

En otros puertos españoles se ha creado una gran polémica alrededor de este cambio. Ocurre que algunas empresas participadas por Autoridades Portuarias tienen un patrimonio neto negativo. La ley establece que, antes de la transformación, los socios deben inyectar el dinero necesario para sanear la empresa. Como los únicos ingresos de explotación que tienen sirven para pagar a la plantilla, en el puerto de Huelva optaron por bajarle el sueldo a los estibadores para eliminar las deudas. El problema surgió cuando, tras equilibrar las cuentas, los salarios no volvieron a su estado anterior.

En Avilés, por ejemplo, la empresa que tiene que ser diluida presenta un pasivo superior a lcuatro millones de euros, y los accionistas se niegan a hacer frente al agujero que en el pasado sirvió para pagar despidos.En otros casos, como en el de Gijón, los estibadores se han puesto en pie de guerra por incumplimientos del convenio colectivo por parte de las empresas públicas, en este caso en relación con las tareas de carga de coches para dar servicio a la autopista del mar.

Puertos del Estado, organismo dependiente de Fomento que supervisa las terminales españolas, ha instado en varias ocasiones a cumplir la ley. Considera que así se unifica y clarifica el servicio, al tiempo que permite a los operadores privados ejercer la gestión.

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Sobre la firma

María Fernández

Redactora del diario EL PAÍS desde 2008. Ha trabajado en la delegación de Galicia, en Nacional y actualmente en la sección de Economía, dentro del suplemento NEGOCIOS. Ha sido durante cinco años profesora de narrativas digitales del Máster que imparte el periódico en colaboración con la UAM y tiene formación de posgrado en economía.

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