Un edil del PP imputado en Brugal se niega a declarar

Ginés Sánchez Larrosa, concejal del PP de Orihuela, arrestado e imputado en el caso Brugal, se negó ayer a declarar ante el juez que instruye el sumario, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela. El edil, detenido el 6 de julio de 2010, está en libertad con cargos por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información relacionados con el supuesto amaño de la contrata de basura del municipio.

Pese a no declarar ante el magistrado, a la salida de la oficina judicial, Sánchez Larrosa, responsable del área de Medio Ambiente, tildó la investigación judicial de "chascarrillo". "Todo [su arresto, imputación y declaración en la mañana de ayer] es un montaje y tiene una clara intencionalidad política. Después del 22 de mayo esta operación no interesará a nadie", aseveró.

Ginés Sánchez Larrosa, aunque no contestó a las preguntas de las partes, sí hizo una exposición unilateral ante el magistrado en la que, según fuentes del caso, negó las imputaciones, es decir, que hubiera recibido regalos a cambio de informar a los adjudicatarios de la contrata de la basura del pliego de condiciones. El contrato fue adjudicado a una UTE integrada por las firmas Sufi, Liasur y Gobancast. Según la investigación, estas dos últimas firmas son una tapadera del industrial Ángel Fenoll, cabecilla de la trama corrupta del sumario del caso Brugal.

Recursos

Junto a Larrosa, la policía también arrestó a otros dos concejales del PP oriolano (Manuel Abadía y Antonio Rodríguez). Ninguno de los tres ha sido incluido en la candidatura del PP, que encabeza la alcaldesa Mónica Lorente, para las municipales del 22 de mayo. Abadía y Larrosa habían sido excluidos por la propia regidora, y Rodríguez ha sido sacado de la lista por el comité electoral regional del PP valenciano.

La declaración del edil Larrosa cierra una nueva fase de la instrucción de esa pieza separada del sumario general del caso Brugal. A partir de ahora, el magistrado deberá responder al aluvión de recursos planteados por las partes, cuya línea argumental es la petición de nulidad de las diligencias porque, según las defensas, las escuchas telefónicas se realizaron sin "sin la necesaria seguridad jurídica" y vulneraron derechos fundamentales de los imputados en el sumario.