El rechazo sindical demora el plan de Trabajo contra el empleo sumergido

Nuevo cambio de rumbo sobre el plan del Gobierno para aflorar empleo sumergido. El Consejo de Ministros no lo aprobará hoy como estaba previsto. Hay mucha distancia entre lo que propone el Ministerio de Trabajo y lo que piensan los sindicatos. Así que el departamento que dirige Valeriano Gómez ha decidido esperar hasta el viernes de la semana que viene para aprobarlo definitivamente, apuntan en Trabajo. En estos 10 días, el Ministerio no buscará el acuerdo. Ha constatado que las discrepancias son grandes y limarlas le llevaría un tiempo del que no dispone. Así que escuchará a los agentes sociales, pero no pactará con ellos el plan.

El lunes por la tarde hubo una reunión entre representantes del Ministerio de Trabajo, encabezados por Gómez, los sindicatos y los empresarios. Allí se escribió un nuevo capítulo en lo que está siendo un parto confuso, que puede alargarse hasta mayo, apuntaban ayer fuentes de la negociación. En principio, el Gobierno quería esperar a que UGT, CC OO, CEOE y Cepyme cerraran la reforma de la negociación colectiva. Visto que estas conversaciones se dilataban y que los mercados exigen nuevas medidas y reformas, Trabajo decidió adelantar el calendario a esta semana.

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Pero el lunes, Gómez constató las profundas diferencias de los sindicatos con el borrador que habían recibido a finales de la semana anterior. La disconformidad de UGT y CC OO con el texto comienza en el primer párrafo, en la exposición de motivos. En él, se achaca parte de la existencia de empleo sumergido a la crisis y a los costes laborales, una declaración que, como explica Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical, las centrales no están dispuestas a aceptar.

El texto planteado por el Ejecutivo fija un periodo en el que dará facilidades a las empresas para que regularicen las situaciones de empleo oculto entre el momento en que se apruebe el decreto y el 30 de junio: no pedirá garantías, aumentará las prórrogas... A partir de entonces se incrementarán las sanciones. Pero a los sindicatos no acaba de convencerles. Para empezar, piensan que el plan es poco ambicioso y que, en buena medida, es una operación cosmética para satisfacer las exigencias de Bruselas y los mercados en este sentido. Desde CC OO, se plantea que poco se puede hacer con los pocos recursos que tiene la Inspección de Trabajo: un inspector y un subinspector cada 19.000 empleados, según sus cálculos.

Pero las diferencias van más allá. Llegan incluso a la concepción. "Es un plan desequilibrado entre las ventajas de las empresas y de los trabajadores", resume la secretaria de Empleo de CC OO, Paloma López.

La primera diferencia que apunta la sindicalista es que, según el borrador, los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social durante este proceso solo verían reconocidos un año los derechos de prestaciones futuras como desempleo o pensiones. López reclama que se reconozcan derechos por el periodo en que se ha trabajado en la economía sumergida.

Sí que gusta a los sindicatos que cuando una empresa subcontrate servicios con otra, esté obligada a vigilar que los trabajadores estén regularizados. No obstante, no acaba de convencerles la concreción de este punto, por lo que reclamarán a Trabajo más detalles.

Tampoco agradan en la orilla empresarial aspectos esenciales del plan. La CEOE no está conforme con el aumento de sanciones que prevé el Gobierno, pues el plan de afloramiento de la economía sumergida es temporal y el aumento de los castigos tendría carácter permanente.

No es el único acuerdo que se aleja. También se está haciendo de rogar el final de las conversaciones para reformar la negociación colectiva. Ayer hubo una nueva reunión. En ella ambas partes, apuntan fuentes de la negociación, concluyeron que ha llegado el momento de pasar a redactar todo lo que se ha hablado hasta el momento. Pero esto no significa que el pacto sea inminente, pues los negociadores no volverán a verse las caras hasta el martes que viene.