El plan contra el empleo sumergido incluirá incentivos durante año y medio

El plan que prepara el Gobierno para que aflore el empleo sumergido incluirá una serie de incentivos durante un año y medio para que se pongan en regla los contratos irregulares. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la rueda de prensa que ha ofrecido en Bruselas al término del Consejo Europeo.

Ese periodo de tiempo se extenderá desde junio de este año hasta diciembre de 2012, y aunque el presidente no ha dado más detalles acerca de las medidas, sí ha dicho que el plan ya está muy desarrollado y que se aprobará en abril. Eso sí, "incentivos" no es lo mismo que "amnistía", según ha matizado el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, quien ha advertido que una vez concluido ese plazo las sanciones contra el empleo sumergido serán más duras.

"Primero soluciones amistosas y razonables", ha dicho Gómez. Después, "el empleo irregular debe tener una sanción más intensa de la que ahora tiene". El ministro, que anunció el miércoles el plan de lucha contra el empleo no declarado, ha insistido en que el programa mejorará las cuentas públicas y ayudará al trabajo regular.

Dicho plan también se discutirá en el ámbito de diálogo entre los agentes sociales, que perfilarán sus características y su naturaleza antes de su aprobación en abril, según ha explicado Zapatero. E incluso será uno de los asuntos a analizar en la reunión que el presidente del Ejecutivo mantendrá el sábado en el Palacio de la Moncloa con las principales empresas españolas y el máximo dirigente de la CEOE, Juan Rosell.

El propio Zapatero ha dicho que es imposible determinar la cifra actual del empleo sumergido, pero hay algunos indicadores al respecto. El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha dicho que el plan es "necesario" y ha cifrado en 245.000 millones de euros la cantidad de dinero que escapa en España cada año al control del fisco.

El ministro de Trabajo, por su parte, ha recordado que ya existe un esquema de sanciones para trabajadores que complementan ilegalmente la obtención de prestaciones por desempleo con un trabajo remunerado. Gómez ha dicho que cada año se abren 250.000 expedientes por esta infracción y ha estimado entre el 15% y el 25% del PIB el porcentaje de la economía sumergida.

Gestha, en su comunicado, lo concreta en el 23,3% del PIB. "En España la tasa de fraude se sitúa diez puntos por encima de la media de los países de nuestro entorno, como Alemania o Francia", subraya. El organismo además se ha mostrado contrario a la aplicación de amnistías fiscales, y ha asegurado que nunca han sido herramientas adecuadas cuando se han practicado en las últimas décadas.