El PNV arropa a De Miguel en la Cámara

El PNV mostró ayer en el Parlamento un comportamiento con su exdiputado foral y exdirigente Alfredo de Miguel, imputado en el caso de supuesta corrupción que lleva su nombre y que ha salpicado seriamente a la formación, que no ha tenido con ningún otro de los implicados que han pasado por la Cámara citados por la comisión de investigación.

El portavoz del grupo y miembro de la ejecutiva nacional peneuvista, Joseba Egibar, se encargó de explicitar de modo notorio un respaldo que el PNV no ha prestado hasta el momento a ningún otro imputado en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria. Egibar esperó en el vestíbulo de la Cámara la llegada del imputadio, en una actitud que podría calificarse de protocolaria, y ligeramente adelantado a otros tres miembros de su grupo cuidadosamente elegidos que le secundaban: el secretario segundo de la Cámara y miembro de su Mesa, Mikel Martínez; y las dos portavoces del PNV en la comisión de investigación: María Eugenia Arrizabalaga y Nerea Antia.

De Miguel lamenta que el Parlamento investigue antes de la decisión judicial

De Miguel, quien llegó acompañado por su abogado, Gonzalo Susaeta, pasó así por el Parlamento entre el apoyo que le mostró una docena de militantes y simpatizantes del PNV, quienes permanecieron al otro lado de la verja de la sede de la Cámara, y la efusividad de las sonoras palmadas en la espalda con que le recibió Egibar. Entre quienes acudieron hasta la puerta del edificio se encontraban el portavoz del PNV en las Juntas Generales de Álava, Roberto González Muro, y el exconcejal y director de la empresa foral Vias de Álava Unai Grajales. El primero es empleado de dos de las sociedades investigadas en la trama: Errexal y Landaburu Etxea, esta última la compradora de la nueve sede del partido en la capitala alavesa.

El inesperado despliegue de apoyos a De Miguel parece convertir en papel mojado la renuncia al carné del partido que hizo en enero, junto a otros dos imputados, tras resistirse desde julio pasado a los emplazamientos en ese sentido que le hicieron la ejecutiva nacional del PNV y su propio presidente, Iñigo Urkullu. "Se equivoca el EBB", dijeron entonces De Miguel y los también imputados Aitor Tellería y Koldo Otxandiano, al tiempo que advertían a la ejecutiva de que el objetivo de las acusaciones contra ellos es el propio partido. En la renuncia medió una reunión entre De Miguel y Egibar, tras la que ambos se dejaron ver juntos en Vitoria.

El alarde de Egibar ayer sirvió al parlamentario del PSE Óscar Rodríguez, miembro de la comisión, para preguntarse "en qué cree el PNV" y "a quién hay que creer" en ese partido. "Ya no sabemos a qué atenernos", sostuvo, en referencia a la contradicción aparente entre exigir la entrega del carné o resaltar que el PNV no lleva a ningún imputado en sus listas del 22-M y la "cobertura política" ofrecida ayer por Egibar en sede parlamentaria.

De Miguel leyó a la comisión una declaración que repitió después ante los medios de comunicación tras denegarle su pretensión de comparecer con presencia de los informadores. Reiteró su "total y absoluta inocencia", como cuando dimitió en marzo pasado como diputado foral tras ser imputado y al entregar el carné en enero, tanto respecto a la declaracion de bienes e intereses que hizo al ser nombrado para ese puesto como a todas sus actuaciones empresariales.

Empleó buena parte de su declaración en tratar de desacreditar la denuncia de la empresaria y abogada Ainhoa Alberdi sobre la reclamación de comisiones, que puso en marcha la investigación. Lo que le reclamó, dijo De Miguel, fue el pago una deuda de Alberdi con la empresa Kataia, que comparten los tres principales imputados y sus esposas. Las grabaciones aportadas por Alberdi al fiscal son "ilegales, sesgadas y alteradas", recalcó. De Miguel resaltó su buena relación con Alberdi -"fue mi abogada en varias ocasiones", mantuvo- para preguntar después "qué sentido tiene que de buenas a primeras le pida una comisión" y por qué ella tardó tres años en denunciarlo.

Sobre los trabajos realizados para el Gobierno por sus empresas que nadie encuentra en los archivos oficiales ni entrega a la comisión, De Miguel sostuvo que demostrará su realización efectiva "en el juicio".

Respecto a la recalificación de terrenos en el Ayuntamiento de Zambrana, una derivada de la causa principal, apuntó que se inició en 2005, cuando él no tenía responsabilidades públicas y trasladó la responsabilidad de la modificación de las normas subsidiarias al actual alcalde, el independiente Aitor Abecia, a quien citó por su nombre. Susaeta y el propio De Miguel deploraron las filtraciones del trabajo de la comisión y el hecho mismo de realizar una investigación parlamentaria paralela al proceso judicial, obviando el que así ha ocurrido desde el caso Osakidetza, que implicó al PSE-EE en los años noventa, hasta los casos Balenciaga o Guggenheim la pasada legislatura.