La política medioambiental es la gran víctima del recorte de Obama

Los recortes presupuestarios que el presidente Barack Obama asumió el ocho de abril para evitar la paralización del Gobierno federal norteamericano tienen una víctima principal: sus reformas medioambientales. Durante los dos primeros años de su mandato, el presidente le dio nuevos fondos y competencias a la Agencia de Protección Medioambiental, que este año, y por primera vez en la historia, procederá a regular la emisión de dióxido de carbono en el sector empresarial. El nuevo presupuesto pactado con los republicanos, sin embargo, supone un recorte del 16% en los fondos de esa agencia. Pierde 1.600 millones de dólares (1.108 millones de euros) de su presupuesto anual respecto a 2010, algo que dificultará un mandato previo de Obama de inspeccionar a partir de este año cada fábrica y cada refinería que emita más de 75.000 toneladas de dióxido de carbono al año.

Los republicanos han convertido a la agencia en la diana de sus críticas

El ajuste se llevará 693 millones de euros del programa para tratar el agua

Desde que ocuparon la mayoría en una de las dos cámaras del Congreso, en enero, los republicanos han convertido a la EPA [siglas en inglés de la agencia] en la diana a la que han lanzado muchos de sus dardos políticos. La han utilizado como un ejemplo de burocracia regulatoria que lastra la economía de este país en nombre del ecologismo. Tal ha sido su campaña contra la agencia, que el pasado 7 de abril votaron a favor de una norma que le negaría expresamente la potestad de regular las emisiones de dióxido de carbono, contraviniendo una decisión del Tribunal Supremo. La norma no prosperaría en el Senado, de mayoría demócrata.

A la EPA, los republicanos la han acusado de todos los males posibles: de destruir empleos, de incrementar la factura de la luz, de encarecer la gasolina y de poner trabas a la producción empresarial. "El régimen medioambiental de la EPA consiste en daños económicos desprovistos de ganancias ecológicas", dijo el pasado 7 de abril el jefe del Comité de Energía y Comercio de la Cámara, el republicano Fred Upton. Un mes antes había acusado a Obama de permitir que la EPA "sea el instrumento de unos burócratas a los que no ha elegido nadie para imponer, por la puerta trasera, normas de canje de emisiones que son muy impopulares".

La EPA ha sido para Obama, de hecho, el recurso necesario para intentar cumplir con su compromiso asumido en la cumbre del clima de Copenhague de reducir las emisiones de CO2 en un 17% para 2020 con respecto a los niveles de 2005. Hasta 2010, Obama aumentó el presupuesto anual de la agencia de 7.500 a 10.300 millones de dólares (7.135 milones de euros). En agosto la instruyó para que se dispusiera a regular las emisiones de dióxido de carbono fábrica a fábrica, refinería a refinería y planta eléctrica a planta eléctrica. Tomó aquella decisión porque el Senado había paralizado una ley aprobada en la Cámara por los demócratas, cuando tenían mayoría en ella, un año antes. Aquella norma hubiera impuesto por primera vez límites legales a la contaminación.

El presidente recurrió a la EPA porque el Tribunal Supremo así se lo permitía. La agencia la había creado en 1970 Richard Nixon, el primer presidente en regular en materia medioambiental. Hasta 2007, solo reguló el vertido de materiales altamente tóxicos, como el mercurio o el plomo. En aquel año, sin embargo, la máxima instancia judicial del país obligó a la agencia a sumar a sus competencias la de controlar el dióxido de carbono, dado que las evidencias científicas demostraban que era nocivo para la salud, contra el criterio del entonces presidente, George W. Bush.

Este año, la agencia debe comenzar un proceso de inspección de unas 550 fábricas que emitan más de 75.000 toneladas de dióxido de carbono al año y que además despidan otros materiales tóxicos como el plomo o el óxido de azufre. En enero, además, Obama dictó una orden ejecutiva por la cual pedía a la agencia que revisara las normas finales sobre dióxido de carbono, en las que llevaba trabajando ya más de tres años, para que tuvieran el mínimo impacto posible en la economía y el mercado laboral, dada la crisis financiera. La EPA deberá emitir esas normas este mismo año. Eso fue precisamente lo que trataron de evitar los republicanos con su voto el pasado siete de abril.

Diversos responsables de la EPA -que emplea a 17.000 funcionarios- han anunciado que ahora tratarán de ajustar su presupuesto a las nuevas circunstancias. Recortarán 1.000 millones de dólares (693 millones de euros) de un programa nacional de mejora en depuradoras de agua y sistemas de recolección de aguas fecales; eliminarán 103 millones de euros a un programa de compra de terrenos privados para convertirlos en reservas naturales y otros 34 millones a otros programas de lucha contra el cambio climático. Además, recortarán gastos eliminando de la lista de especies en peligro de extinción al lobo gris.