La política de mano dura no se negocia
El Gobierno de Sarkozy, con la vista puesta en las elecciones de 2012 y alerta ante el avance de la ultraderecha, insiste en que no permitirá una oleada de tunecinos
Cuando el Gobierno italiano anunció su intención de otorgar permisos de residencia temporales a los refugiados tunecinos que les permitirían circular por todo el espacio Schengen, Francia advirtió que el documento no sería suficiente para entrar en su territorio y aseguró que reforzaría los controles en la frontera. Ayer tomó la decisión inédita de bloquear la entrada a Francia de todos los trenes procedentes de la ciudad fronteriza italiana de Ventimiglia, una decisión temporal motivada por cuestiones de seguridad, según el Ministerio del Interior. El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, hizo por su parte un llamamiento a no "exagerar el peligro migratorio" consecuencia de las revueltas árabes y pidió el respecto de los tratados europeos en materia de inmigración.
Van Rompuy dice que "no hay que exagerar" el peligro migratorio
La decisión de detener durante casi todo el día a los trenes italianos en la frontera fue tomada por el delegado del Gobierno de Alpes-Maritimes, en el sur del país, debido a "riesgos de desorden público", según aseguraron anoche fuentes del Ministerio del Interior a la agencia France Presse. Defensores de los derechos de los inmigrantes habían previsto viajar en un tren desde Ventimiglia hasta Marsella junto a unos 60 tunecinos, en favor de la libertad de acceso al territorio europeo y para "recordar que ningún ser humano es ilegal". Pero, según Interior, eran entre 250 y 300 y su manifestación no había sido autorizada. Por tanto, y según las autoridades francesas, el bloqueo respondía a esta concentración y no a una voluntad de frenar el acceso de inmigrantes tunecinos.
Sin embargo, la postura de Francia frente a la decisión italiana de entregar permisos temporales es muy clara. "No pensamos padecer una oleada de inmigración económica procedente de Túnez", declaró el ministro del Interior, Claude Guéant, a principios de abril. Anunció entonces su intención de reforzar los controles en la frontera. Este mismo jueves, París reafirmó su negativa de aceptar inmigrantes que pasan por Italia y afirmó que no existía "ninguna regla que prevé la acogida en territorio europeo y la libre circulación de inmigrantes económicos clandestinos".
Sobre este tema se expresó ayer el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, quien recordó la necesidad de cumplir con los tratados europeos en materia de migraciones. "Ni Italia, ni Francia, hasta ahora, han hecho nada ilegal", explicó en una entrevista conjunta a tres medios franceses, Le Monde, TV5Monde y RFI. "Dicho esto, existe un peligro de no respetar el espíritu del Tratado de Schengen, la libre circulación" de las personas, advirtió el representante europeo. Por ello ha pedido que se "delibere cuanto antes" sobre las cuestiones de inmigración y acogida durante una cumbre de la Unión Europea el 24 de junio en Bruselas o "incluso un poco antes". Van Rompuy también explicó que existía "un peligro migratorio", pero recalcó que "no hay que exagerarlo".
La política de mano dura con la inmigración ilegal no es nueva en Francia, donde la extrema derecha se encuentra en máximos históricos y la clase política tiene ya la vista puesta en las elecciones presidenciales de 2012. El verano pasado, en un esfuerzo por recuperar el electorado más conservador, el Gobierno de Nicolas Sarkozy decidió acelerar la expulsión de gitanos de Europa del Este que se encontraban en situación ilegal y desmantelar los campamentos no autorizados. La medida le valió las críticas de las asociaciones de derechos humanos e incluso de la propia ONU y provocó graves tensiones con Bruselas.
Por su parte, hace poco más de un mes, Marine Le Pen, la nueva presidenta del partido de extrema derecha, el Frente Nacional, decidió recuperar la iniciativa en materia de control de la inmigración con una visita tan corta -apenas unas horas- como simbólica a la pequeña isla de Lampedusa, donde desde la caída del presidente tunecino Ben Ali a mediados de enero, punto de partida de las revueltas en el mundo árabe, han llegado más de 25.000 tunecinos ilegales. Entonces declaró a dos representantes de los inmigrantes: "Tengo mucha compasión por vosotros, pero Europa ya no dispone de las capacidades para acogeros, ya no tenemos capacidad financiera".
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