Luz verde a la ley que pone fin a las bolsas de plástico

La reforma de la ley de residuos, que sustituirá las bolsas de plástico por otras biodegradables, superó ayer el primer escalón. La mayoría del Congreso rechazó las dos enmiendas presentadas a la totalidad del texto, pendiente de aprobación, por el grupo parlamentario del PP y el de ERC-IU-ICV. Esta futura ley, que traspone la directiva europea, es una apuesta "clara" para mejorar la recogida, tratamiento y reciclado de los residuos en España, defendió la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar.

El texto obliga a los organismos de sistemas de gestión de residuos (SIG) a que adquieran la condición jurídica de asociación para lograr "una mayor transparencia" y, así, "involucrar a las empresas en la prevención y gestión de residuos", asegura el ministerio. Las SIG son entidades creadas por distintas empresas para gestionar conjuntamente sus residuos.

Carlos Floriano, diputado del Grupo Popular, dijo que prohibir que se lleven los residuos de una comunidad a otra "impide la competitividad entre las plantas de tratamiento de residuos y fomentará que estas suban el precio a las empresas". El diputado popular aseguró que todo ello "se traducirá en pérdida de empleo".

Nuria Buenaventura, de ERC-IU-ICV, argumentó que el texto adolece de "aspectos cruciales", como la separación de biorresiduos (de obligado cumplimiento en Cataluña), la creación de un sistema de retorno, o la aplicación de un canon por bolsas de plástico y residuos que acaben en vertederos e incineradoras.