El exsubdelegado de Lugo sabía desde 2005 el nexo policial con los burdeles

Los informes policiales de la Operación Carioca, en la que se investiga la presunta connivencia de agentes y mandos de las fuerzas de seguridad con los proxenetas que explotaban sexualmente a mujeres en los burdeles de Lugo, consideran al guardia civil Armando Lorenzo un colaborador fundamental en los abusos y negocios ilegales que se le imputan a la trama. Las decenas de testimonios que vertebran las pesquisas de la juez Pilar de Lara destacan además la impunidad con la que se movía desde hace años el agente, un personaje muy popular no solo en los bajos fondos de la ciudad. Y todo ello pese a que ya en 2005 el sospechoso comportamiento de Lorenzo con prostitutas refugiadas en pisos secretos de acogida fue denunciado directamente al entonces subdelegado del Gobierno en Lugo, Jesús Otero, ahora imputado en la causa. Los hechos eran muy graves: el agente había enviado una madama a las viviendas refugio en busca de dos mujeres huidas de los prostíbulos. Las trabajadoras sociales del Ayuntamiento estaban muy preocupadas.

Según manifestaron varios testigos a la juez, Otero se reunió en 2005 con la concejala de Benestar Social del Ayuntamiento de Lugo, Carmen Basadre, y con Belén Regueiro, la coordinadora de la Casa da Muller, la entidad municipal que gestiona los pisos secretos para acoger a víctimas de violencia machista. Ambas le relataron al subdelegado del Gobierno las graves irregularidades cometidas por el cabo Lorenzo, que entonces se movía a sus anchas por estas viviendas en su condición de responsable de la unidad de atención a la mujer de la Guardia Civil.

Le contaron que el guardia había revelado a una madama las direcciones secretas de los pisos y que, ante la negativa de las empleadas municipales a abrirle la puerta a la encargada del burdel, el propio Armando Lorenzo había presionado por teléfono a las trabajadoras para que enviaran en taxi a las prostitutas a un club denominado Luxor. Como ellas no accedieron, el cabo se presentó en el piso y se llevó a las chicas al burdel. Nunca supieron qué fue de aquellas mujeres.

Otero, acusado ahora de prevaricación, tráfico de influencias y omisión del deber de perseguir delitos, escuchó a las responsables municipales y prometió investigar el tema. Eso sí, con una advertencia.El alto cargo socialista les pidió "discreción" porque, explicó, el teniente coronel de la Guardia Civil que dirigía entonces la comandancia de Lugo -el ahora coronel José Herrera García Lora, también imputado- tenía "mucha relación" con Lorenzo.

La coordinadora de la Casa da Muller, Belén Regueiro, no volvió a saber nada de aquella denuncia hasta que dos años después, en 2007, la convocaron a otra reunión en la Subdelegación del Gobierno. Esta vez no estaba allí Jesús Otero, sino un capitán de la policía judicial, dos jueces y una responsable de la Unidad de Violencia de Género. Regueiro relató de nuevo el irregular comportamiento del cabo Lorenzo, igual que había hecho ante el subdelegado dos años antes. En octubre de 2009 empezaron las detenciones y la clausura de burdeles. La discreción que suplicaba el exsubdelegado del Gobierno en Lugo había saltado por los aires.

La concejal lucense de Benestar, la socialista Carmen Basadre, ha eludido comentar las irregularidades detectadas en 2005 en los pisos de acogida del Ayuntamiento al estar abierta la investigación judicial y, a través de una portavoz del Gobierno local, se ha limitado a subrayar que en su día comunicó los hechos "a las fuerzas de seguridad".

Críticas del PP

El PP sí cree que la edil debe dar explicaciones. La concejal popular Sofía López Linares pide que se convoque para hoy de "modo urgente" a la Comisión de Benestar Social de la ciudad para que Basadre aclare "a qué organismo competente" trasladó la denuncia realizada por las trabajadoras sociales y por qué no acudió a la fiscalía. El PP sugiere que puede existir una "dejación de funciones en caso de que Carmen Basadre no hubiese realizado el seguimiento de una denuncia presentada hace seis años". "El departamento de Servicios Sociales desde el primer momento colaboró intensamente con la justicia, como se demostrará cuando se haga público el sumario", replicó en un comunicado el Ejecutivo municipal, que acusa al PP de hacer una "utilización rastrera" de un proceso judicial.

Ayer, en la presentación de los datos sobre delincuencia en Lugo en 2010, el actual subdelegado del Gobierno y sustituto del imputado Jesús Otero, Xosé Vázquez Portomeñe, alabó la alta tasa de delitos esclarecidos en la provincia: "Tengo muy claro que este dato acredita la profesionalidad y la eficiencia de la policía y de la Guardia Civil de Lugo. Sin lugar a dudas ninguna".