Claves de futuro para las agencias de 'rating'

Cuando la llamada crisis de las subprime en EE UU evidenció fallos generalizados de prevención y evaluación de riesgo, las grandes agencias de rating se colocaron en el punto de mira de las críticas. Desde entonces se viene manteniendo un acalorado debate sobre la necesidad de reformas en la calificación crediticia, que, a la sazón, no es ni más ni menos que otro mercado que adolece de fallos en su sistema de incentivos y, muy probablemente, en su estructura competitiva.

El rating es un elemento esencial para el funcionamiento de los mercados financieros. Supone la primera referencia sobre la calidad crediticia (riesgo de impago) de un conjunto elevado de instrumentos de deuda emitidos tanto por entidades públicas como privadas de diversa índole. La fijación de precios relativos en los mercados se mueve mediante estas referencias y, por tanto, del funcionamiento del rating depende, en gran medida, la eficiencia de estos mercados y, en última instancia, buena parte de la estabilidad financiera en el largo plazo.

La industria de calificación crediticia está excesivamente concentrada a escala internacional

La opción más factible es crear agencias nacionales capaces de competir con las tres grandes

La necesidad de reforma en las agencias de calificación resulta hoy incuestionable y no es de extrañar que los Gobiernos, en particular los europeos, estén estudiando mecanismos para propugnar cambios importantes en este sentido, más aún cuando muchos de ellos están ahora más que nunca sometidos a este escrutinio dentro de la llamada crisis de la deuda europea. Y se generan tensiones. El último episodio controvertido tuvo lugar cuando la agencia Moody's decidió rebajar el rating de España de Aa1 a Aa2 en la mañana del 10 de marzo, justificando buena parte de esta rebaja en las incertidumbres relativas a las necesidades de capital de las entidades bancarias españolas. Se trató de un anuncio que Moody's realizó horas antes de que el Banco de España publicara cuáles eran esas necesidades, por lo que resulta difícil entender que Moody's se abstuviera de considerar la información del Banco de España a la hora de adoptar su decisión. Fue solo otro episodio más de una larga lista de desencuentros con estas agencias, a las que se les critica fundamentalmente por la lentitud y/o el desfase temporal de sus decisiones.

En cuanto a los problemas de incentivos, la fijación de precios de las agencias de rating es uno de los aspectos que precisa de una intensa revisión. Aun cuando buena parte de las comisiones que estas agencias cobran están prefijadas, muchas de ellas están sometidas a negociación en la práctica, lo que entraña una incidencia potencial sobre la calificación obtenida en función de la cantidad desembolsada. Asimismo, los emisores de títulos encargan literalmente sus ratings. Esto parece lógico, ya que es preceptivo para la emisión del título, pero el problema radica en que si el emisor no está contento con la calificación conseguida, puede intentar obtener otra de otra agencia más favorable, lo que lógicamente introduce distorsiones en un problema que ya es conocido comúnmente como rating shoping.

Existe también una transparencia limitada sobre las metodologías de evaluación crediticia. En algunos títulos se emplean conjuntos de información mucho más amplios que en otros, y la fiabilidad de los datos primarios con los que se cuenta para las evaluaciones no está necesariamente contrastada o no se corresponde siempre con información auditada.

La segunda dimensión que precisa reformas es la referente a la estructura competitiva. La industria de calificación crediticia está excesivamente concentrada a escala internacional, dominada completamente por Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Algunos Gobiernos europeos se han pronunciado sobre la necesidad de reforzar la competencia en este sector y, en todo caso, de regular algunos aspectos clave de su funcionamiento, ya que su papel es demasiado importante como para que no entren a ser considerados una parte más de la red de seguridad financiera y deban someterse también a cierto escrutinio. En todo caso, la opción más factible tal vez sea crear agencias nacionales de dimensión suficiente para competir y ganar reputación y confianza respecto a las tres grandes. Existen ya competidores potenciales cuya reputación debe crecer, e incluso, favorecerse en otros países europeos.

En España también hay posibilidades muy interesantes para unir a algunos proveedores en la industria de la información empresarial, que permita tener una agencia de calificación de dimensión suficiente que pueda competir a escala europea, tal como se ha realizado en otros países de nuestro entorno. Es más, sobre algunos de los proveedores españoles de información empresarial, ligados a la aseguración de crédito, pueden aumentar las presiones regulatorias referentes a la solvencia, por lo que la integración de estos operadores podría ayudar a superar estas presiones. Al igual que nuestro desarrollo financiero nos ha permitido contar con entidades bancarias que son líderes internacionalmente, debemos tener la posibilidad de desarrollar nuestra agencia de calificación crediticia y competir junto a otras iniciativas centroeuropeas, favoreciendo la calidad del conjunto del sistema.

En suma, son cuestiones que conviene poner cuanto antes en la agenda regulatoria y financiera española y que pueden ayudar a definir, junto con las medidas orientadas a paliar los defectos del sistema de incentivos, un panorama más alentador y certero para la calificación crediticia. Con proveedores fuertes nacionales es posible establecer evaluaciones de referencia sobre el terreno, con mayor especialización sobre los emisores. Esta estrategia sobre las agencias de calificación también tendría efectos positivos sobre la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema financiero.

Santiago Carbó Valverde es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada.