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Una trama ligada a la Xunta defraudó subvenciones en la Costa da Morte

El juez investiga las maniobras de funcionarios locales y Cultura

En el extenso sumario de la Operación Orquesta, la trama de corrupción en la Costa da Morte que investiga el juez de Corcubión Andrés Lago Louro, aparecen involucradas muchas más autoridades, funcionarios e instituciones que los inicialmente 11 imputados y en libertad provisional, entre ellos los alcaldes de Cee, Fisterra y Mazaricos y los concejales de Obras en estos tres ayuntamientos intervenidos. Las diligencias destapan incluso una red para captar de forma fraudulenta subvenciones públicas, "con la connivencia de funcionarios" de la Consellería de Cultura, con el propósito de organizar asociaciones o festejos y buscar el reedito electoral del PP de Corcubión.

La corrupción se divide en varias ramas, según las pesquisas policiales que empezaron en diciembre de 2009, al descubrirse en conversaciones telefónicas los manejos del regidor de Cee, el independiente Ramón Vigo, con el representante de orquestas Jorge López Lago -imputado por narcotráfico en otra causa- para "falsificar facturas para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta" de la Xunta. El agente artístico recurría a un funcionario del Juzgado de Paz de Muxía, Carlos Rey Paz, como intermediario para lograr que, a cambio de comisiones en metálico, otros ayuntamientos contratasen sus espectáculos. Pero Rey Paz, cuyos teléfonos fueron intervenidos por la Policía, también "posee, dirige y protagoniza su propia actividad defraudatoria" con métodos similares a los del alcalde de Cee. Su trama se desarrolla en Corcubión, donde creó tres asociaciones culturales y lúdicas, además de organizar el mercado medieval.Rey Paz, según establece el juez, "accede de forma indebida a subvenciones concedidas" por la Consellería de Cultura e Turismo "con el fin de organizar espectáculos y festejos en Corcubión que, a la postre, habrán de servirle como plataforma de lanzamiento en las filas del Partido Popular de Corcubión". El funcionario actúa, continúa el juez, "previa falsificación de documentos, principalmente facturas, en clara connivencia con funcionarios de la consellería". Incluso algunos de los responsables de los departamentos de Xuventude y de la secretaría de Turismo de la Xunta, incluida una jefe de servicio, "lejos de velar por la objetividad y transparencia en el proceso de concesión de subvenciones, auspician y amparan las prácticas ilícitas" del funcionario municipal. "Alguno de ellos llegan a proponer a Rey Paz que borre algunos conceptos facturados no subvencionables con tipex, lo que da una idea de la zafiedad delictiva de quienes protagonizan los hechos que aquí se investigan", destaca el juez.

Carlos Rey, al igual que el alcalde de Cee para obtener subvenciones de forma fraudulenta, cuenta con "un punto de conexión personal" importante para esta trama de corrupción: Manuel Varela Rey, exalcalde de Carballo por el PP y actual jefe territorial de la Consellería de Cultura e Turismo en A Coruña. Aparece en numerosas escuchas policiales que desvelan estos manejos ilegales con subvenciones públicas.

Varela es, dice el juez, "presuntamente el encargado de decidir en última instancia la concesión o no de las subvenciones". Fue quien, según las escuchas policiales, habría prometido una subvención de 6.000 euros para la fiesta medieval a Rey Paz y provocó su cólera cuando finalmente recibió solo 3.200. Entonces entran en acción varios funcionarios de la consellería para arreglar el entuerto. Rey Paz, aprovechandose de su supuesta promesa de aupar al PP de Corcubión, "exige de los responsables de Xuventude y Turismo la concesión de la subvención máxima, no duda en decirles que puede aportar facturas duplicadas". Los funcionarios de Cultura le guían cómo corregir y obtener esa ayuda.

La conexión con el PP en el caso del funcionario en Corcubión aparece también reiteradamente en las conversaciones telefónicas intervenidas que mantiene con responsables de la Xunta. Un funcionario de Xuventude en Santiago se lo explica claramente a Carlos Rey Paz, al contactarle para darle los pasos a seguir para crear una asociación juvenil con "cinco menores de 30 años" que pueda obtener ayudas públicas casi instantáneas: "Vamos a ver, a nosotros lo que nos interesa hacer este año es hacer un año fuerte, porque va a ser como la plataforma política, ¿me entiendes? Nosotros lo que queremos es levantar al PP aquí en Corcubión. Nosotros lo que necesitamos es toda la ayuda posible este año porque para el próximo ya son las elecciones". El PP está en la oposición municipal en esa localidad coruñesa. El juez imputa en las diligencias al funcionario Carlos Rey los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude de subvenciones y falsificación. Pero de momento, no se adoptaron imputaciones a funcionarios de la Xunta que aparecen en el sumario.

Obras a cambio de pagos en metálico a alcaldes

El constructor de Muxía Daniel Ogando y su hijo, con igual nombre y apellido, obtienen numerosas contrataciones públicas de Cee, Fisterra y Mazaricos, los tres ayuntamientos intervenidos, a cambio de pagar parte de las fiestas locales y de entregar dinero en metálico a sus alcaldes y concejales responsables de Obras. Es el meollo de la Operación Orquesta. Así lo confirman las escuchas policiales durante todo el año pasado y hasta el 31 de enero, cuando fueron detenidos los Ogando, así como los regidores de estas tres localidades, actualmente todos en libertad provisional e imputados de varios delitos por corrupción.

El principal implicado, el alcalde de Cee, Ramón Vigo (independiente), conseguía a cambio de concederle cuantiosos contratos a Ogando que este "sufrague buena parte de las fiestas de A Xunqueira y el pago de un premio que se cifra en un 5% y un 10% del importe de la obra adjudicada". En Fisterra, cuyo alcalde, José Manuel Traba, sus concejales Santiago Insúa y Ramón Redonda (todos del PP), además del secretario e interventor municipal, también están imputados, Ogando obtuvo la adjudicación del campo de fútbol, entre otras obras, "pagando previamente dávidas que fueran menester". Al igual que en Cee y Fisterra, también hubo pagos de comisiones en metálico, "premios o dádivas", según la definición del juez, a cargos públicos de Mazaricos, cuyo alcalde, José Manuel Maneiro, también del PP, está también entre los imputados por tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. Hay una conversación de este regidor con Ogando que, destaca el juez, "es un claro ejemplo de como se 'amaña' una contratación por parte del sector privado con autoridades y funcionarios públicos". "La forma de entrar" del constructor a los alcaldes para conseguir obras consistían "en reiteradas comidas". La Policía Nacional fotografió numerosos de esos encuentros en restaurantes de la zona de los tres alcaldes con los Ogando.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de abril de 2011

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