Primarias polémicas

La renuncia anticipada de Zapatero a encabezar las listas socialistas en las próximas legislativas se vio acompañada el pasado día 2 por el aplazamiento -hasta después del 22-M- de las elecciones internas partidistas para designar a su sustituto, a fin de no perturbar la campaña de los comicios locales. El procedimiento empleado para escoger a los candidatos socialistas a cargos públicos unipersonales (la presidencia del Gobierno en este caso, las presidencias autonómicas y las alcaldías de las capitales y ciudades por encima de 50.000 habitantes) ha sido bautizado con el término primarias pese a las considerables diferencias existentes entre el sistema estadounidense y la variante española. Puestas a prueba por los socialistas en 1998, las primarias han sido incorporadas al bagaje estatutario del PSOE mediante una normativa reguladora de obligado cumplimiento que seguirá vigente mientras no sea modificada por un congreso.

El PSOE celebrará tras el 22-M elecciones internas para designar candidato a la presidencia del Gobierno

Cualquier afiliado que reúna los requisitos exigidos (la propuesta de la Ejecutiva, el aval de la comisión o el apoyo del 10% de los militantes en este caso) puede poner en marcha las primarias, si bien el reglamento hace una excepción con las instituciones gobernadas por el PSOE. Si solo existiese un candidato, será proclamado sin votación; de otra forma, los aspirantes deberán competir entre sí para lograr el respaldo de los afiliados al PSOE, cuyos efectivos pendientes de revisión oscilan entre las 200.000 y las 300.000 fichas.

Al menos en teoría, la preferencia de los socialistas por ese sistema no descansa sobre razones utilitarias, sino ético-políticas. La elección directa en primer grado (por todos los militantes del ámbito territorial correspondiente) superaría cualitativamente a las de segundo o tercer grado (los congresos, las ejecutivas y las comisiones). Pero la apuesta de los partidos por los principios de la democracia participativa en el marco de un régimen parlamentario de democracia representativa puede producir la indeseada consecuencia de que el candidato elegido por los ideologizados militantes no sintonice adecuadamente con la sensibilidad más pragmática de los votantes, sea inadecuado para encabezar una coalición o provoque una bicefalia de poder con el secretario general.

También cabe abogar por las primarias con criterios disuasivos: su implantación en todos los partidos evitaría escisiones como la precipitada por Cascos al no ser tenido en cuenta para la candidatura del PP a la presidencia de Asturias. La contradicción entre los derechos fundamentales garantizados por la Constitución a todos los ciudadanos y el régimen de excepción impuesto a su libertad de expresión y otros derechos en tanto que militantes tal vez se debilitaría mediante la generalización obligatoria de las primarias, pese al riesgo de que puedan servir de instrumento a objetivos políticos y ambiciones personales ajenas al elogiable fin de forzar la democratización de unos partidos peligrosamente oligarquizados.