Interior se desentiende de la filtración de datos de policías

La Dirección General de la Policía se lava las manos y desliza que los 12 agentes de la Costa del Sol cuyos datos personales acabaron en manos de una peligrosa banda a la que habían detenido son responsables, al menos en parte, de esta filtración de información. El secretario del Consejo de Policía, órgano en el que los agentes plantean sus conflictos laborales, ha zanjado el asunto con un escrito en el que asegura que los 12 afectados facilitaron "de forma libre y voluntaria" sus nombres, apellidos y teléfonos en una investigación de la brigada de Asuntos Internos y que "en ningún momento se pudo presuponer" que esas diligencias se anexaran a la operación Arenal, por la que la banda criminal fue detenida en julio de 2007.

El ministerio alega que los policías dieron sus datos voluntariamente

El escrito, del 14 de marzo, no responsabiliza directamente a los agentes, pero incide en que otros ocho policías que también declararon como testigos utilizaron el método tradicional para identificarse: el carné profesional y el destino que ocupaban. Las explicaciones abundan en que no se podía prever que las declaraciones de los agentes, que forman parte de una causa instruida en el juzgado número 5 de Marbella, terminaran adjuntándose a la operación Arenal, ya que su investigación fue "autónoma, independiente y dirigida por un juzgado distinto".

Los afectados supieron el pasado enero que sus datos estaban en manos de las personas a las que habían detenido. Recibieron la citación para el juicio, previsto para finales de abril, en sus domicilios particulares, cuando lo normal es que, por motivos de seguridad, se les comunique en las dependencias en las que trabajan con su número de placa. Desde entonces, varios de ellos han cambiado de casa o las han puesto a la venta por miedo a represalias.

La Dirección General de la Policía se ha explicado casi dos meses después de que el sindicato policial SUP, representante de seis afectados, reclamara que se depuren responsabilidades. El 11 de marzo, los sindicatos SUP y UFP propusieron que se creara una mesa para estudiar qué había pasado y que el error no se vuelva a repetir.

Los 12 policías afectados declararon como testigos en una causa en la que Asuntos Internos investigaba supuestas irregularidades en la Udyco Costa del Sol. "Como los detenidos por la operación Arenal estaban directamente afectados por esas supuestas irregularidades, una de las partes pidió que se adjuntara una copia al procedimiento", según fuentes judiciales.

La Policía necesitó de una treintena de agentes para arrestar a los cuatro ciudadanos de origen francés porque los consideraba extremadamente peligrosos. El caso se dividió en dos procedimientos, uno por secuestro, que ya ha sido juzgado y por el que al menos uno de ellos ha sido condenado a cinco años de prisión, y un segundo, todavía sin enjuiciar, en el que la fiscalía reclama 18 años de prisión para cada uno de ellos por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.