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El TSJ alerta de que la custodia compartida desbordará los juzgados

Pilar De la Oliva pide a la Administración mayor sensibilidad con la Justicia

En un "pleno escoba", a última hora, con fuertes presiones dentro del propio partido y sin apenas tener en cuenta la opinión de los expertos, el PP aprobó la Ley de Custodia Compartida para presentar como ejecutado uno de los compromisos electorales que planteó hace cuatro años. La norma entrará en vigor en mayo y ya ayer, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana alertó de la saturación que su puesta en marcha va a suponer para los juzgados de familia.

El pleno de la sala de Gobierno del TSJ se reunió ayer en Castellón y abordó la problemática acuciado por la necesidad de ampliar la plantilla de los equipos psicosociales que trabajan para los juzgados de familia. La carencia de medios está provocando retrasos de meses en la entrega de informes que han de servir para que el juez dicte sentencia sobre las cuestiones de familia e incluso "provocan la suspensión de juicios", tal como admitió el secretario de gobierno del TSJ, Jesús Olarte. "Dentro de la coyuntura horrorosa", dijo en referencia a la crisis, "hay que priorizar cuestiones", señaló, y destacó que se trata de temas especialmente "sensibles", "problemas humanos enormes", según dijo, en los que, además, pueden estar implicados menores. "La situación se verá agravada con la puesta en marcha de la Ley de Custodia Compartida", manifestó el propio Olarte.

Por su parte, la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, se refirió también a la carencia de medios y reclamó a las Administraciones "mayor sensibilidad con la justicia"."En este tema nada es suficiente". Con esta rotundidad se manifestó ayer la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, para valorar la propuesta realizada por la Dirección General de Justicia sobre una propuesta de ampliación de la plantilla de los gabinetes psicosociales, compuestos por un psicólogo y un trabajador social, y que atienden a los juzgados de menores y de familia. Tal como admitió el secretario de gobierno del TSJ, Jesús Olarte, la situación por la que ya pasan estos juzgados se verá agravada con la puesta en marcha de la Ley de Custodia Compartida que, según todos los indicios, provocará un incremento más que notable de los litigios en cuestiones de familia.

La propuesta de la Consejería de Justicia, de la que es titular Rafael Blasco, está fechada el 9 de febrero pero carece de cualquier reseña sobre plazos de ejecución o fecha de puesta en funcionamiento. El pleno de la sala de gobierno del TSJ, en su reunión celebrada ayer en Castellón, trató la propuesta tras comprobar cómo los plazos de emisión de los informes técnicos que precisan los jueces se estaban demorando y después de reclamar a la consejería medidas para paliar estos retrasos en una materia tan sensible. La proposición de Justicia dista mucho de lo que ellos mismos califican como situación óptima y adecuada para el buen funcionamiento de estos gabinetes.

Auxiliares por técnicos

Además, excepto en el caso del juzgado de familia de Castellón, en Alicante y Valencia la propuesta es la de rebajar, prácticamente a mínimos, el número de técnicos (psicólogos y trabajadores sociales) y dotar a estos gabinetes de auxiliares administrativos, actuación que también contempla para la capital de La Plana.

Pese a considerarla insuficiente, el TSJ ha valorado la propuesta de Justicia y confía en que se ejecute en el menor plazo previsto, ya que lo considera una "prioridad".

La puesta en marcha de estas previsiones serviría para que, por ejemplo, en el caso de Castellón, el juzgado de familia pudiera contar con dicho gabinete, que fue desmantelado hace más de tres meses, según confirmaron las fuentes consultadas. Esto supone que no se puede realizar ningún informe pericial sino que los implicados han de pagarse un técnico externo que los evalúe.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de abril de 2011