Rueda evita respaldar ya la acusación de financiación ilegal del PSdeG
El conselleiro dijo en junio que tenía "documentos" para imputar ese delito
El conselleiro de Presidencia y secretario general del PP, Alfonso Rueda, ya no se atreve a sostener, como hizo el pasado junio, que el PSOE sacó 640.000 euros por la puerta de atrás de la Xunta a través de Unións Agrarias (UU AA) para pagar campañas electorales. Nueve meses después de avalar las denuncias del portavoz de su partido, Antonio Rodríguez Miranda, y de añadir que ambos tenían "pruebas documentales" para imputar ese delito al PSOE y al sindicato, Rueda echó ayer el freno.
Entre una y otra declaración, medió una denuncia del sindicato Unións Agrarias por prevaricación contra la Xunta que ha sentado ante el juez en calidad de imputados a dos directores generales, Jaime Bouzada, de Avaliación e Reforma Administrativa -dependiente del propio Rueda- y Andrés Hermida Trastoy, de Promoción de Emprego.Dos veces se le preguntó ayer en una comparecencia pública a Rueda si estaba en condiciones de mantener la acusación de financiación ilegal al PSOE, y las dos veces respaldar semejante afirmación. Si en junio pasado aludió a "pruebas documentales" para lanzar esas severas imputaciones, ayer apeló a la investigación judicial en marcha para no refrendarlas. "A partir de ahí esperemos a ver qué dicen los jueces y todos nos pronunciaremos", concluyó.
Abel Losada acusa a la Xunta de persecución ideológica a UU AA
Rueda aprovechó también para ofrecer su propio relato de cómo se gestó la investigación a Unións Agrarias, de la que nueve meses después no se conoce ningún resultado. Según la versión de la Xunta, esta fue más o menos la secuencia: Rueda, como secretario general del PP, y Miranda, como portavoz, destaparon desde el partido una "trama agraria" que habría defraudado ayudas de la Xunta. La Consellería de Traballo que preside Beatriz Mato, tras ver los titulares en prensa, abrió una investigación. Después de unas primeras comprobaciones, el departamento de Mato pidió ayuda al propio Rueda y fue cuando éste decidió implicar a la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, una especie de equipo de asuntos internos que, según admitió ante el juez su responsable, Jaime Bouzada, nunca antes había fiscalizado a asociaciones privadas ajenas a la Xunta. Todo sin que hubiera confusión entre Gobierno y partido.
En su explicación a la prensa -en la que no escabulló ninguna pregunta- Rueda evitó negar, como hizo durante meses, que diese la orden a su director general, algo que Bouzada aseguró a la juez, pero alegó que trataba de "atender el requerimiento de otra Consellería para poner a su disposición medios y comprobar la utilización de fondos públicos por parte de una serie de asociaciones". Pese a que ninguno de los dos directores generales que coordinaron la investigación de la Xunta supieron destacar en el juzgado qué irregularidades hallaron en esas 13 entidades, Rueda defendió ante los periodistas que, "tras las comprobaciones que se hicieron, quedó demostrado que estaban conectadas con Unións Agrarias, y eso es lo que el sindicato deberá explicar". "No ordené actuar contra nadie", zanjó el debate.
En la misma línea se pronunció el presidente Feijóo, quien negó, sin que nadie le preguntase, que el caso haya provocado nerviosismo en su gabinete, informa Víctor Honorato. Sin entrar a valorar que las acusaciones partieron de los números dos y tres de su partido, Feijóo aseguró que "todos los que quieren investigar la utilización presuntamente fraudulenta de fondos públicos tendrán la complicidad y el apoyo del Gobierno de Galicia". "Todos tenemos que cumplir la ley", se zafó el presidente, que insistió en que el Gobierno "no tiene nada que ocultar" y abogó por "investigar sin límites".
Un día después de que su jefe de filas, Pachi Vázquez, reclamase la dimisión fulminante de Rueda por ordenar la investigación a Unións Agrarias y negarlo durante meses, el portavoz parlamentario del PSdeG, Abel Losada, apeló directamente a Feijóo, a quien exigió que "explique por qué se utilizaron recursos de la Xunta después de una denuncia hecha por el PP para, literalmente, perseguir a una organización sindical". También demandó que Rueda y Mato, los dos responsables de las inspecciones en las organizaciones que vinulan a UU AA "dejen de pasarse la pelota" y asuman responsabilidades.
El PP intentó reactivar el caso en dos juzgados distintos con idénticas pruebas
Si el caso se le ha vuelto en contra hasta el punto de ver cómo dos altos cargos de la Xunta declaraban como imputados ante el juez cuando lo que pretendía el PP era destapar una trama generalizada en el PSOE, no será porque los populares no lo hayan intentado todo en los juzgados. En ocasiones, llegando a retorcer hasta el límite las garantías procesales. Poco después de lanzar las acusaciones y de generar el ruido mediático necesario que movió a la Consellería de Traballo a abrir una investigación, el PP presentó una ampliación de la querella en el juzgado de Corcubión contra el alcalde de Muxía, Félix Porto.
Por aquele entonces, los dirigentes del PP pedían que declarasen como testigos el exconselleiro de Traballo, Ricardo Varela, y el actual secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, con el estrambótico argumento de que así tendrían obligación de decir la verdad y si acaso salir imputados del trance. De momento el juez que instruye el caso no ha citado a ninguno de los dos cargos socialistas y el único imputado es Félix Porto, por haber mandado presuntamente a hacer campaña a Argentina por el PSOE de Muxía a una empleada de Unións Agrarias, en la época en que él ocupaba un cargo en el sindicato.
Al ver que el caso en Corcubión no avanzaba, el PP llevó los mismos hechos a la fiscalía de Santiago, donde intentó activar un proceso distinto. El ministerio público llegó a pedir documentación a la Xunta sobre las ayudas concedidas a las entidades vinculadas al sindicato agrario y ese trámite habitual y obligatorio le sirvió al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para extender nuevas sospechas sobre Unións Agrarias y alegar que su Gobierno no inventa problemas ni protagoniza contubernios. Hasta que el ministerio público tuvo noticia de la causa abierta en Corcubión y archivó la investigación.
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