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La Junta mantiene el pulso a la juez

El Gobierno andaluz ratificará mañana lunes su rechazo a entregar las actas reservadas a la instructora de los ERE, aunque estudia otras salidas jurídicas

Lourdes Lucio

El Gobierno andaluz va a mantener el requerimiento de inhibición que acordó en su reunión del pasado martes para no entregar las actas de todas las reuniones celebradas por el Consejo de Gobierno de Andalucía desde 2001 hasta la actualidad, atendiendo a la imprecisa petición de la juez que investiga los presuntos fraudes en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con dinero público en un primer auto del 21 de marzo. La Junta entiende que la petición es "indiscriminada", está formulada "sin motivación alguna" y desconoce por qué toda la documentación es "útil a la investigación penal".

El Ejecutivo mantiene al 100% esta posición, según señalaron ayer fuentes del Gobierno autónomo. Ahora bien, no cierran la puerta a otras salidas jurídicas. La juez Mercedes Alaya ha citado a la una y media de la tarde de mañana lunes a la representación legal de la Junta de Andalucía para que "personalmente" manifieste si mantiene el requerimiento de inhibición. De mantenerlo, la juez debe mandar este rifirrafe competencial al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, que será el que tenga la última palabra.

Alaya concreta cuatro peticiones de acuerdos en su último auto

Hasta el mismo lunes, el Gobierno andaluz no tomará una decisión definitiva, una vez consultados los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía. "Es muy probable que se mantenga el requerimiento, salvo que el estudio detallado del auto de 21 páginas de la juez nos indique otra cosa. Se decidirá el próximo lunes", aseguraron las citadas fuentes.

Se refieren al auto de fecha del 30 de marzo, en el que la instructora da mandobles a diestro y siniestro al Gobierno andaluz. En él acusa a la Junta de Andalucía de ocultar datos relevantes de la investigación, opina que el consejero de Economía y Hacienda -en una primera etapa Magdalena Álvarez y posteriormente José Antonio Griñán, actual presidente de la Junta- conocía los informes de la Intervención General advirtiendo en contra del procedimiento administrativo seguido para otorgar las ayudas, y ve indicios de prevaricación en el trámite utilizado "con el indiciario conocimiento de su ilegalidad y de sus ilegítimas consecuencias".

Pero dicho todo esto, que no es poco, la juez por primera vez apunta qué actas del Consejo de Gobierno son las que quiere. En el auto del 21 de marzo, Alaya despacha en tres líneas una indefinida petición, mientras que el del 30 de marzo dedica una treintena. La magistrada precisa y explica qué es lo que quiere saber: si el Consejo de Gobierno aprobó el acuerdo marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para conceder las ayudas; si se adoptó algún acuerdo desde 2001 hasta 2003 ante "algún reparo" de la Intervención General y de la Cámara de Cuentas; si llegó a la mesa del Gobierno algún acuerdo por la finalización del convenio con el IFA; y si el Ejecutivo aprobó modificaciones presupuestarias para aumentar el fondo de las ayudas a empresas en crisis. El Gobierno aprobó, al menos, cuatro ampliaciones de crédito en 2005, 2006, 2007 y 2008, con el informe favorable de la Intervención. Pero acotado este campo, insiste en reclamar las 480 actas del Consejo de Gobierno porque "si conociera qué actas son relevantes para la investigación solo pediría esas", dice la juez.

Con esta parte detallada del auto es con la que se queda la Junta, que, por el momento, ha evitado una valoración del conjunto de la prosa jurídica que despliega Alaya en 21 páginas. Las fuentes del Gobierno consultadas no precisaron sin están dispuestos a dar las cuatro peticiones que la instructora concreta y mantendrán la reserva del resto.

Según explicó la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, el pasado 29 de marzo, los acuerdos e informes de dirección administrativa están sometidos al principio de publicidad, mientras que los de carácter político no, a no ser que se acuerde lo contrario por el propio Gobierno. Por eso insistió en reclamar a la juez que especifique qué tipo de actas reclama, como sí hace en su último auto.

IU y el "lugar del delito"

Diego Valderas (IU) aseguró ayer que el último auto de la juez del caso de los ERE señala al Consejo de Gobierno como "el lugar del delito", según informa Europa Press. En su opinión, "la negativa y el veto a trasladar las actas y colaborar con la justicia es un error garrafal", que, según él, "pone de manifiesto que cuando Griñán alardeaba de su colaboración con la justicia mentía al Parlamento y sólo pretendía parapetarse detrás de la justicia para impedir la comisión de investigación".

El presidente del PP, Javier Arenas, volvió a pedir ayer la dimisión de Griñán por el caso de los ERE y acusó al Gobierno andaluz de "al margen del Parlamento, seguir engordando" los fondos destinados a los ERE. La afirmación de Arenas es muy imprecisa, porque las ampliaciones de crédito, aprobadas por el Gobierno, con los informe favorables de la Intervención, se enviaron a la Oficina de Control Presupuestario del Parlamento, según el Ejecutivo.

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