La Liga aparca el pulso al Gobierno

La juez Purificación Pujol decidió ayer que se disputen las Jornadas 30ª y 32ª de Primera y Segunda División, respectivamente, fallando a favor de los seis equipos de la máxima categoría (Villarreal, Espanyol, Sevilla, Zaragoza, Real Sociedad y Athletic) que habían pedido medidas cautelares contra el parón adoptado para este fin de semana por la Asamblea de la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Debió ser el punto final al pulso que le echa el fútbol al Gobierno, al que exige el fin de la obligación de emitir un partido en abierto y un mayor porcentaje del beneficio generado por las apuestas, pero fue solo un punto y seguido.

La LFP acató la decisión de la juez, que era recurrible, organizó los horarios de esta jornada y avisó de que el problema de fondo sigue activo pese a la división de sus asociados, reflejada en la demanda interpuesta por esos seis equipos. "Todos los clubes y sociedades anónimas que componen la Liga mantienen las reivindicaciones expresadas al Gobierno y al Consejo Superior de Deportes (CSD)", dijo el organismo en un comunicado. "Pese a la actitud no dialogante de la Administración, a partir de ahora se establecerá una nueva hoja de ruta que nos permita desbloquear las conversaciones en la búsqueda de soluciones a los diferentes agravios comparativos que sufre el fútbol profesional respecto a otros sectores de la economía española".

Lissavetzky y su segundo en el CSD mediaron ante Rosell y Florentino Pérez

Desde el Ejecutivo se leyó ese mensaje con sorpresa. El fútbol español, que dice considerarse agraviado, debía más de 627 millones de euros a Hacienda y a la Seguridad Social a finales de 2008, según el Gobierno, que proporcionó el dato tras una pregunta parlamentaria del PP. Los 20 equipos de Primera adeudan en total unos 3.500 millones. Y los clubes profesionales ya han disfrutado de dos planes de saneamiento a cargo de los presupuestos del Estado, que les condonó unos 125 millones en 1985, y unos 186 seis años después, en 1991.

La Liga, por ahora, ha elegido otro camino. Su propuesta para eliminar ese supuesto agravio comparativo y cumplir con sus obligaciones con el erario público es que el Gobierno elimine la obligatoriedad de emitir un partido en abierto por jornada, vigente desde 1997, lo que proporcionaría, según la patronal, unos ingresos extra de entre 150 y 200 millones de euros anuales. Ese dinero tampoco sería dedicado íntegramente a terminar con las deudas que tiene el fútbol con el Gobierno: los equipos que no estén al día con la Administración se comprometieron en su día a destinar un 15% anual de sus contratos televisivos a saldar esas cuentas.

Los clubes también se quejaron de falta de diálogo. Sin embargo, la actividad de Jaime Lissavetzky, el secretario de Estado, que abandona el cargo mañana para ser candidato socialista a la alcaldía de Madrid, fue incesante desde que los equipos anunciaron el parón, el 11 de febrero.

El CSD envió a su director general, Albert Soler, a reunirse con Sandro Rosell, el presidente del Barcelona, aprovechando que mantienen una estrecha relación. Lissavetzky habló con Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, y también con José María Cruz, el vicepresidente del Sevilla y de la Liga, hasta el martes, cuando dimitió de ese cargo; y luego, cuando se vivían las horas clave para el cierre patronal, conversó por teléfono con Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Eso ocurrió el martes por la tarde. Todos esos contactos sentaron las bases y el contexto para una cita que resultó definitiva.

José Luis Astiazarán, el presidente de la LFP, y Javier Tebas, el hombre que da voz a los clubes pequeños y de Segunda División, se reunieron con Lissavetzky. Los representantes de la patronal salieron de ese encuentro de más de dos horas prometiendo que si la juez no les obligaba a jugar convocarían una Asamblea extraordinaria para replantearse el parón. La decisión de la magistrada contentó, probablemente, a todas las partes: al Gobierno porque se jugará y a la patronal porque no tendrá que dar marcha atrás por voluntad propia.

El cierre patronal había empezado a ser una quimera según se acercó la fecha y algunos de los grandes (Madrid, Barcelona, Valencia, Atlético de Madrid) fueron volviendo a su posición original: jugar y votar en contra del parón, como hicieron en la Asamblea del 11 de febrero, cuando el cierre se aprobó por 26-16 y los grandes se sumaron a la opinión mayoritaria "por sentido democrático". Esos equipos escucharon después que el parón retrasaría tres semanas el final del campeonato, hasta el 12 de junio, pudiendo afectar, en consecuencia, a sus lucrativas giras veraniegas, al tener que conceder vacaciones a los futbolistas.

Con esos argumentos recibió el Secretario de Estado al presidente de la Liga. Como explicaron fuentes conocedoras de la reunión: "Si no hay agua, no te tiras a la piscina".