Una auditoría aprecia ilegalidades en San Marcos durante la etapa de EB-ANV

Las auditorías realizadas sobre la gestión económica de la Mancomunidad de San Marcos -gestiona las basuras de San Sebastián y su comarca- mientras esta entidad estuvo en manos de ANV y EB entre 2007 y 2009 ponen al descubierto la existencia de múltiples irregularidades y de incumplimientos de la normativa legal en materia de contratación administrativa. Los informes de fiscalización de las cuentas dejan en mal lugar la gestión de los citados partidos, contrarios a la incineración, durante los tres ejercicios que tuvieron el poder en la mancomunidad. Las tres auditorías, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, serán tratadas hoy en la junta general de San Marcos, integrada por concejales de 10 Ayuntamientos de Donostialdea y actualmente controlada por PSE, PNV y Hamaikabat.

Los informes revelan gastos sin publicidad ni concurrencia

Tras los resultados de los comicios locales de mayo de 2007, EB y ANV asumieron la presidencia de San Marcos y apostaron por implantar el sistema de recogida de la basura puerta a puerta para tratar de poner trabas a la construcción de una incineradora para Guipúzcoa. Un acuerdo entre el PNV, el PSE y Hamaikabat para destituir en Lasarte y Urnieta a un edil de EB y otro de ANV, respectivamente, de sus cargos en San Marcos permitió la elección del alcalde de Rentería, el socialista Juan Carlos Merino, como presidente de este organismo público.

Nada más asumir el cargo, Merino anunció su intención de encargar una auditoría externa porque "no sabemos muchísimas cosas de lo que se ha cocido aquí en estos tres años", dijo. Las auditorías fueron realizadas entre los meses de octubre y diciembre de 2010. El informe referido a 2007 concluye que los órganos rectores de San Marcos incumplieron la normativa legal de contratación administrativa "dada la importancia de los hechos detectados en la revisión". De entre las diez anomalías apreciadas, el auditor detalla que tras comprobar la tramitación de nueve expedientes de contratación por concurso abierto, por un importe global de 3,9 millones, "en todos ellos las mesas de contratación no ajustaron la composición de sus miembros a la legalmente establecida". El informe señala que en los expedientes no figuran, entre otros, documentos acreditativos de la solvencia económica y profesional del adjudicatario. En la liquidación del presupuesto de 2007 encuentra 10 salvedades al cumplimiento de la legalidad.

En el ejercicio 2008 vuelven a referirse irregularidades en la contratación de tres servicios públicos (recogida selectiva en polígonos industriales, recogida de cartón puerta a puerta en comercios y tratamiento de envases en la planta de Urnieta) y de uno para el transporte de residuos de San Marcos a otros vertederos, además de otras 10 anomalías en el cierre del presupuesto. En 2009 se repiten las mismas ilegalidades en la contratación.

En 2007, la mancomunidad hizo gastos por 332.709,91 euros "sin respetar" los requisitos que garantizan el cumplimiento de los principios de legalidad y concurrencia. Al año siguiente, el importe gastado que tampoco cumplió esta exigencia legal alcanzó los 200.623,83 euros. Y en 2009 fueron 194.379,86 euros.