Aforo completo hasta el mes de julio

Ya no hay plazas vacantes hasta julio para visitar el pazo de Meirás, anunció ayer la Xunta. Ha recortado a cuatro las visitas guiadas que se celebrarán cada viernes, en horario laboral de mañana y tarde. Aunque la propiedad de la familia del dictador abrirá al público durante seis horas cada semana, solo se puede recorrer el monumento y sus jardines solicitando previamente y por Internet una cita para esos cuatro turnos de visitas guiadas. En la primera jornada de apertura al público, copada por los periodistas, apenas dos docenas de personas participaron en ese programa restringido. La mitad ni siquiera había pedido cita. Entraron porque acudieron por curiosidad al pazo. Muchos de los que estaban apuntados no se presentaron.

El recorrido por las Torres de Meirás y sus jardines dura una hora y se hace en grupos de 15 personas. Los interesados deben mandar sus datos personales (nombre, DNI y número de teléfono) al correo de una empresa privada de seguridad (visitas.pazomeiras@prosegur.com). Pese a ser la compañía que los Franco tienen contratado para vigilar su propiedad todo el año, es la Xunta la que paga los gastos de los días de apertura al público. No ha desvelado su coste.

En una entrevista publicada la pasada semana por El Mundo, la hija del dictador, Carmen Franco, se queja de que no tuvo más remedio que cumplir con su obligación legal de abrir el pazo cuatro días al mes. Pero sostiene que ese convenio con la Xunta solo es por un año. "Luego ya se verá", advierte. Los herederos del Caudillo aún están pendientes de la sentencia de los tribunales sobre su recurso contra la declaración del pazo como Bien de Interés Cultural, la figura de máxima protección patrimonial.

La Asociación Coruñesa pola Recuperación da Memoria Histórica protestó por las restricciones del programa de visitas pactado por la Xunta con los Franco. Es la primera vez que ciudadanos pueden acceder al pazo regalado y pagado por el pueblo al dictador. El Gobierno local de Sada, del BNG, quiere blindar el uso público del emblemático monumento con su próxima norma urbanística. Pretende incorporarlo al patrimonio público con medidas similares a la que el Ayuntamiento de Vilanova recurrió con la propiedad del clan de los Charlines.