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COLUMNA

De secretos y encubrimientos

No revelar las fuentes, ni entregar la documentación que pueda ponerlas en evidencia, salvo en casos que eviten un delito contra la vida, la integridad o la libertad de las personas. Quienes hemos tenido que acogernos a ese derecho alguna vez ante un juez sabemos de qué se trata. De encubrir el origen de ciertas informaciones para no poner en peligro a quienes las han facilitado. Los periodistas lo denominamos secreto profesional y, por lo visto, los diputados autonómicos, pese a su especial protección y su inviolabilidad parlamentaria, carecen de tal privilegio. Así lo considera el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha aceptado la decisión del magistrado Juan Montero de juzgar al portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, porque dijo que no encuentra ni sabe quién le mandó un informe sobre el caso Gürtel que esgrimió en un pleno, y el juez no se lo cree. Estamos, pues, ante un supuesto delito sobrevenido en el curso de la instrucción de una querella del PP por otra acusación, la revelación de secreto, que quedó archivada. "¿Sabe usted que lo que hizo público está bajo secreto?". "Señoría, me ampara el artículo 20 de la Constitución", habría respondido cualquier periodista. "¿Y no me va a decir quién le facilitó el informe?". "Me acojo al derecho a no revelar mis fuentes".

No parece plausible, visto el material probatorio, que el asunto pueda llegar a condena alguna, pero aporta munición a la campaña de acoso que el PP mantiene contra aquellos políticos de la oposición que más se han distinguido por la denuncia de los casos de corrupción que afectan a Francisco Camps, su Gobierno y el partido que lidera. Al fin y al cabo, el informe policial que Luna exhibió, y que estaba en ese momento bajo secreto de sumario, revelaba el saqueo de la trama Gürtel a las arcas de RTVV con motivo de la visita del Papa en 2006.

El amparo de la función de control del Gobierno que los diputados desarrollan es sometido ante nuestros ojos a un ataque alarmante por quienes detentan el poder ahora mismo. Y no obedece a algo coyuntural sino a una estrategia. "Claramente, la tenencia, exhibición y utilización de una documentación, sea un informe, unas cartas, unas fotos o cualquier otro tipo de documento, en absoluto puede considerarse una opinión", señalaba en un artículo el pasado diciembre Alexandre Catalá Bas para justificar la querella de Rafael Blasco y la dirección del PP contra Ángel Luna. Català Bas es autor de un libro sobre "el futuro incierto de las prerrogativas parlamentarias". Además, es el subsecretario de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía que justificó las subvenciones de cooperación que han puesto en apuros a Blasco. También formó parte de aquella comisión del PP valenciano que Fernando de Rosa, entonces secretario autonómico, intentó montar en octubre de 2006 para "vigilar" al fiscal jefe Ricard Cabedo. El Consell se desmarcó de la idea en medio del escándalo y De Rosa es hoy vicepresidente del Poder Judicial. ¿Pero hasta qué punto aquel lobby sigue funcionando?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 26 de marzo de 2011