Antifraude critica a la Diputación de Girona por favorecer al clan de los 'asfalteros'

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) reprueba el sistema de contratación de la Diputación de Girona porque, a su juicio, favoreció al clan de los asfalteros, un conjunto de empresas que funcionaban como un cartel para hacerse con adjudicaciones y fijar precios en obras públicas. Aunque su informe es provisional, la OAC asegura que los métodos de la institución priman la oferta económica más cercana a la media, lo que "favorece la existencia de un cartel empresarial". Además, señala que los criterios de valoración del ingeniero director de la red vial de la diputación "son arbitrarios" y "ponen en duda su objetividad".

El clan de los asfalteros ha reinado sin contestación en las adjudicaciones públicas de Girona. La docena de empresas investigadas lograron adjudicarse 75 obras en carreteras de la provincia por un valor total de casi 300 millones de euros solo en 2009 y 2010, el periodo investigado por la Guardia Civil y Antifraude. Las constructoras contaban con ayuda de Jordi Vergé, un alto cargo de la empresa pública GISA que, presuntamente, recibía comisiones a cambio de información.

La cifra más importante corresponde a convocatorias de Abertis a través de ACESA, concesionaria de la AP-7. Las empresas acusadas de actuar en connivencia han participado en 13 concursos, cuatro de ellos aún por adjudicar. Los que sí lo han sido suman 222 millones. En al menos cuatro, las constructoras pactaron su participación.

El Departamento de Política Territorial adjudicó obras de firmes y carreteras por 42,9 millones. Concurrieron a los concursos 74 empresas, pero solo ocho se llevaron al gato al agua. El cartel mantenía una buena coordinación con apoyo de la información privilegiada de Vergé.

Ese patrón (muchos candidatos, pocos premiados) se repite en el resto de las Administraciones cuyos expedientes se han revisado en el caso: los 8,5 millones en obras de GISA y los 9,9 de la Diputación de Girona. Sobre el Ayuntamiento de Girona, el informe de la OAC no aporta conclusiones porque el Consistorio "ha hecho una entrega parcial de la documentación" que impide, por ahora, examinar los expedientes.Antifraude concluye que las empresas "se coordinan" para presentarse, "evitan" competir entre ellas y se hacen así con los contratos. Los implicados en la trama del asfalto -además de Vergé, dos empresarios han sido detenidos y una quincena más han declarado ante la Guardia Civil como imputados- explican en sus conversaciones telefónicas la necesidad de pactar para mantener su abrumadora cuota de mercado.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona, que investiga el caso, pidió la colaboración de la OAC para averiguar si hubo irregularidades en el comportamiento de las Administraciones públicas que aparecían citadas en una conversación telefónica. Esa charla, en la que dos apoderados hablan de "pactos" y de que otras empresas no deben "tocar las narices en ninguna obra" de Girona, es la que permitió iniciar la investigación. El pinchazo se produjo, de hecho, en el marco de otra investigación vinculada a un supuesto fraude perpetrado en la construcción del dique este del puerto de Barcelona, donde se sospecha que se desviaron 40 millones de euros.