La Junta pide unidad política en la defensa del Guadalquivir

"Entre todos, si no nos separamos, podemos mantener, respetando la sentencia, esa naturaleza andaluza que nadie puede discutir al Guadalquivir". José Antonio Griñán, presidente de la Junta, apeló ayer de nuevo a la unidad de los partidos para buscar una salida a la sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló el artículo del Estatuto sobre las competencias exclusivas de la comunidad sobre las aguas del río que transcurren por la región.

La petición de unidad en defensa del Estatuto ya se la lanzó Griñán a los partidos el día en el que se conoció la decisión del Constitucional. Y ayer tuvo una traducción en votos. Todos los grupos de la Diputación de Sevilla -PSOE, PP, IU y PA- aprobaron una moción de "rechazo a la retirada de las competencias del Guadalquivir". En el escrito, presentado por los andalucistas, se insta a los presidentes de los gobiernos central y regional a que "lleguen a un acuerdo, vía el artículo 150.2 de la Constitución Española, para que se cumpla el mandato del Estatuto de Autonomía de Andalucía, devolviendo las competencias sobre el río Guadalquivir" a la comunidad.

Ese artículo 150.2, que permite al Estado "transferir o delegar" a través de una ley orgánica competencias a las comunidades, no parece estar sobre la mesa de negociación entre los gobiernos central y autonómico, que el martes se reunirán en la comisión bilateral de traspasos. En el encuentro sí se intentará sacar adelante una encomienda de gestión transitoria para ganar en seguridad jurídica tras la sentencia del Constitucional.

"La encomienda de gestión es un dique de seguridad para cualquier duda jurídica que se plantea ahora", dijo ayer Mar Moreno, consejera de la Presidencia, en la comisión de Desarrollo Estatutario del Parlamento. Se trata de la primera vez que se convoca esta comisión desde que se reformó el Estatuto en 2007. Todos los partidos reafirmaron su compromiso por mantener el consenso estatutario, aunque el portavoz del PP, Antonio Sanz, pidió la "derogación" de la ley de aguas y de la de reordenación del sector público, informa Lourdes Lucio.

La Junta tiene prisa. Pretende que el Consejo de Ministros apruebe el decreto que garantice la encomienda de gestión antes de que el Tribunal Supremo anule el decreto de 17 de octubre de 2008 que permitió la transferencia de las competencias sobre el río. El Supremo, que mantenía paralizados los tres recursos contra este decreto presentados por Extremadura, Castilla-La Mancha y los ingenieros de Caminos, ya ha recibido la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto. Ahora se está a la espera de que los magistrados de la sección tercera de la sala de lo contenciosos-administrativo se reunan para deliberar y, según las previsiones de la Junta, anular el decreto de 2008.