Lo están consiguiendo

Sobre la actual deriva -deriva en sentido estricto- del Gobierno gallego hay dos teorías. La que podríamos llamar conspirativa, que sostiene que están haciendo lo que están haciendo porque quieren conseguir lo que están consiguiendo, y la benévola, que sospecha que están haciendo lo que están haciendo y consiguiendo lo que están consiguiendo porque no les sale otra cosa. Como estamos en el país donde Dios es bueno pero el diablo no es malo, quizás ninguna de las dos sea exactamente cierta, y también las dos lo sean. Y lo que se le puede atribuir al Gobierno se le puede achacar a la oposición, a cada uno con su distinta cuota de responsabilidad. No es que espere que algo de lo que hace la Xunta o se dice en el Parlamento vaya a hacerse un hueco entre los titulares sobre lo que pasa en Libia o pueda pasar en Japón. Al revés, los que se dedican a la crónica política se ven y se las desean para justificar su sueldo.

Las competencias de esta comunidad autónoma se han reducido a la actividad de una gestoría

Si la política es, como la define la RAE en la última enmienda de su diccionario, la "actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos", no hay nada que objetar a lo de "actividad", pero de los "asuntos públicos" debe ser en otra ventanilla. La última contribución de Alberto Núñez Feijóo a lo que debe su sueldo es que la culpa la tiene Madrid. Algo que era cierto en época de Castelao, cuando lo más parecido a una institución autonómica era que se pusiesen de acuerdo las cuatro Diputaciones, o una parte representativa de los Ayuntamientos (cosa hoy impensable, y que en tiempos de Castelao sí se produjo). Ahora Madrid tiene, como la oposición, una parte alícuota de culpa, pero no de que, por ejemplo, sigan cerrados 20 centros de día que la actual Xunta heredó de la anterior (de construir más, ya ni hablamos).

Este y otros muchos casos de gestión diaria de los "asuntos públicos" parecen confirmar que la política gallega sigue, más que la definición de la RAE, la de Woody Allen de que la vocación del político de carrera es hacer de cada solución un problema, incluso cuando no lo había. La demostración más palpable es el hiyabgate de Arteixo, esa cuestión de Estado desencadenada por una niña de 11 años que le hace caso a su padre, que ha generado una escalada administrativa que acabará siendo materia del Consejo de Estado o del Tribunal Constitucional o de ambos. Posiblemente la próxima confirmación al teorema alleniano se produzca a raíz de las declaraciones del conselleiro Hernández de que la reducción a 110 kilómetros por hora en las autopistas supondrá un sobrecoste por pérdida de la productividad de 28 millones de euros anuales (y alguien contraargumente que si se elevase a 150 kilómetros se ganarían 84 millones).

En resumen, en Compostela han reducido las competencias de una comunidad autónoma a la actividad de una gestoría y el debate político a un cruce de acusaciones sobre asuntos que nadie conoce (aunque yo por lo menos me enteré que Pachi Vázquez tiene una casa bastante aparente). Menos mal que, cuando todo falla, nos quedan los ayuntamientos como reserva espiritual de lo que los cursis, en su eterna lucha por distinguirse, llaman gobernanza. Igual que en la época de Castelao, en el ámbito local gallego es donde perviven las grandes operaciones políticas, los fichajes y traspasos de cracks, el perdón de los pecados a los ediles pródigos o transfugados. Incluso el insólito a la par que habitual -aunque circunscrito a las proximidades electorales- milagro del remonte de la depauperada demografía del rural. De 121 ayuntamientos españoles en los que se han detectado irregularidades censales más allá del error burocrático, 39 son gallegos (la tercera parte, a pesar de que los ayuntamientos de Galicia no llegan al 4% de los españoles). De nuestros 39 viveros de la alta política, 35 son ourensanos (más de un tercio del total provincial).

Es decir, si la política y el Gobierno en Galicia van camino de reducirse al debate de si Zapatero tiene que irse, hay que echarlo o en el fondo no es malo de todo, para eso no hace falta ni Xunta ni Parlamento (las Diputaciones, como corporaciones locales que son, resultan esenciales). Tanto si era lo que se buscaba (teoría conspirativa) o si ha salido así (teoría benévola), enhorabuena. Prueba superada.