Una cuestión formal dificulta las apelaciones de Luna y la fiscalía

Una cuestión formal dificulta las apelaciones que el portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, y el ministerio público presentaron contra la decisión del juez Juan Montero de seguir el procedimiento contra el diputado del PSPV por un supuesto delito de encubrimiento. El problema tiene que ver con el tipo de procedimiento. A diferencia, por ejemplo, del caso de los trajes en el que está imputado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio, el procedimiento que se sigue contra Luna es abreviado. Fuentes jurídicas consideran altamente probable que por ello, y a la vista de lo que la ley establece para estos casos, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano limite su pronunciamiento a una revisión formal de la instrucción de Montero.

Ello significaría que, a pesar de lo endeble de la acusación contra Luna, que no está sostenida en ninguna prueba ni en indicio sólido alguno, la sala se inclinara por desestimar las apelaciones. Dado que Montero no esperó a conocer el resultado de dichas apelaciones para decretar la apertura de juicio oral contra el portavoz socialista y dado que contra esa decisión no cabe recurso, Luna sería juzgado con rapidez. La vista se celebraría probablemente en abril y la sentencia estaría para final de ese mes o principios de mayo. La debilidad de los indicios contra el diputado deja pocas dudas de que el resultado sería la absolución.

Denunciar la corrupción

Si las cosas transcurren de ese modo se perfeccionará la retorcida paradoja de que el primer juicio relacionado con el caso Gürtel no sentará en el banquillo a los cabecillas de la trama como Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes. Ni tampoco a los políticos, empezando por las cúpulas del Gobierno valenciano y el PP regional, que según las muchas pruebas acumuladas en la investigación judicial se confabularon con ellos.

El primer juicio sería contra Luna como consecuencia de denunciar esa corrupción: en marzo de 2010, en un debate con Camps, el diputado mostró un informe policial que señalaba cómo la trama Gürtel se embolsó tres millones de euros de la visita del Papa gracias a un contrato de Canal 9. El documento estaba bajo secreto de sumario y el PP lo denunció por revelación de secretos. El juez archivó esa denuncia pero decidió mandarlo a juicio por encubrimiento.