Una nueva sentencia anula varios tramos más de la M-30

Las sentencias que anulan las obras de la M-30 se acumulan en los despachos del Ayuntamiento de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha hecho pública otra que anula varios tramos de la gran obra del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón en la pasada legislatura. La semana pasada se conoció una sentencia más en el mismo sentido.

La conocida ayer responde a un recurso del Partido Socialista contra las obras de la M-30. Los argumentos que manejan los jueces son idénticos a los que expusieron en la otra sentencia que anulaba tramos de la carretera: el Consistorio debería haber sometido las obras de la M-30 a un estudio de impacto medioambiental previo, algo que solo realizó con posterioridad al inicio del proyecto y a instancias de una advertencia de la Comisión Europea.

El efecto práctico de estas nueva sentencia, que anula varios tramos de la M-30, es el mismo que el de la anterior: ninguno. La autovía (que el Ayuntamiento considera una calle) se queda como está y, por supuesto, no se demolerá. En cualquier caso, es sintomático que ya existan dos fallos contra las obras de la M-30 del TSJM que, además, no son recurribles.

Estudio de impacto

El candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Jaime Lissavetzky, se comprometió ayer a realizar un estudio de impacto ambiental como exige la Unión Europea si gana las elecciones, y reiteró que los fallos judiciales "vuelven a sacarle los colores al alcalde por esta obra", informa Europa Press.

La postura de Gallardón, sin embargo, es diametralmente opuesta. A pesar de que los fallos anulan claramente muchos de los tramos de la M-30, el alcalde dijo el pasado jueves que la sentencia conocida entonces, que maneja los mismos argumentos que la hecha pública ayer, "sustancialmente" da la razón al Ayuntamiento de Madrid, ya que los jueces afirman que el proyecto de la M-30 no infringe el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, y que la omisión de la previa evaluación medioambiental "supone una infracción del ordenamiento jurídico, pero no alcanza el grado de nulidad de pleno derecho, sino de anulación susceptible de convalidación". Y, según Gallardón, el Ayuntamiento ya ha realizado esa convalidación de acuerdo con la Unión Europea.