Batida contra las chabolas de las playas en Ferrol

El Gobierno ferrolano prepara una segunda batida contra las chabolas playeras para evitar que repunten con la llegada del buen tiempo. Hace un año, los agentes rastrearon la costa para fotografiar y documentar todas las construcciones ilegales que se amontonan en los accesos a los mejores arenales del municipio. La segunda inspección municipal arrancará en pocos días y abarcará más superficie a fin de detectar las casetas e infraviviendas que se edificaron en la zona rural. Dos patrullas especiales de la policía local irán peinando el terreno desde la costa hacia los barrios periféricos, en el cinturón urbano de Ferrol.

El equipo de Vicente Irisarri quiere actualizar los informes policiales y el archivo fotográfico de la primera inspección urbanística para comprobar si los moradores de unas 200 viviendas ilegales realizaron nuevas obras desde enero de 2010.

El Ayuntamiento quiere tirarlas pese a los problemas burocráticos

Hay cinco órdenes de derribo recurridas en los tribunales

Ferrol tiene 22 kilómetros de suelo urbano y 60 de litoral. A lo largo de la franja costera se cuentan unas 150 chabolas ilegales concentradas en los arenales de Doniños, San Xurxo y Covas. De acuerdo con los datos que maneja Urbanismo, hay otras 50 diseminadas por otras parroquias de la zona rural como Papoi, Mandiá o Leixa.

Las construcciones se levantaron sobre suelo rústico, terrenos que son competencia directa de la Xunta, y muchas invaden zonas protegidas por la Red Natura, hasta el punto de clavar sus cimientos prácticamente en las dunas. La Axencia Galega de Protección da Legalidad Urbanística (APLU) tiene pendientes de ejecución cinco órdenes de derribo para demoler tres casetas ilegales en las playas de Covas, Doniños y Penencia, y dos más en las parroquias de Mandiá y Catabois.

La demolición de estas infraviviendas se ejecutará tan pronto como se resuelva el aluvión de alegaciones y recursos interpuestos a última hora por los moradores de estas construcciones ante el juzgado contencioso administrativo de la ciudad, en un intento desesperado por impedir el derribo. Tres son casitas de veraneo, levantadas hace años a pie de playa sin ningún tipo de licencia. Las otras dos están en el extrarradio de la ciudad, una en el barrio de San Pablo y la otra, camuflada en zona rural. El coste del derribo corre por cuenta de los infractores. Si tras el fallo judicial no lo ejecutan en el plazo previsto, intervendrá la Xunta.

Hace cuatro años que el Ayuntamiento de Ferrol se embarcó en una farragosa pelea burocrática encaminada a erradicar estas construcciones ilegales que colonizan la costa y degradan el litoral. De las primeras denuncias que se tramitaron en 2008, derivan estas cinco primeras órdenes de derribo todavía sin fecha final. "No hay vuelta atrás", asegura Ángel Mato, edil de Urbanismo, "las resoluciones son definitivas y todas se van a derribar, pero todavía no sabemos cuándo". Teme que los expedientes urbanísticos se atasquen en los juzgados aplazando varios años más la demolición.

Una de las viviendas ilegales pendientes de derribo está situada en Punta Penencia, en una pequeña finca de 446 metros cuadrados a escasos metros de la playa de Doniños, que invade "la servidumbre de Costas y en suelo rústico protegido". A lo largo de 82 folios, el expediente detalla un batallón de irregularidades urbanísticas que se remontan al 27 de febrero de 2008 con la primera denuncia de la policía ferrolana. Los agentes advirtieron que en la parcela se "levantaba un cierre de ladrillo sin licencia", alrededor de una pequeña caseta de madera y chapa metálica con un tejado de uralita a dos aguas. La finca ya tenía un cierre perimetral y el segundo muro levantó las sospechas de los técnicos y del Seprona, que también denunciaron la ilegalidad de la construcción.

El infractor, un vecino de Narón, levantó en primer lugar los muros exteriores para evitar que desde fuera se viese el interior de la obra. Oculto tras las nuevas paredes, deshizo por completo la primera construcción y se construyó una pequeña mansión sin planos ni permisos. Entre el 27 de febrero y el 21 de abril, transformó la vieja caseta en una gran casita de planta baja, cubierta de teja y mayor superficie.

El propietario llegó a solicitar la licencia municipal para una obra distinta a la que ejecutó, pero mientras esperaba un permiso que se le denegó, siguió reformando su casa de verano. Le colocó puertas nuevas, ventanas de aluminio, suelo de baldosa y una canasta, ignorando todas las órdenes de paralización.

El expediente se remitió a la Demarcación de Costas y a la Xunta. A partir de ahí, un chorreo de resoluciones autonómicas instaron al infractor, primero, a reponer la legalidad urbanística (4 de noviembre del 2008), y un año después, la Consellería de Medio Ambiente ordenó la demolición de la construcción con cargo al propietario "en el plazo de tres meses y con multas reiteradas de 1.000 a 10.000 euros hasta lograr su ejecución". El afectado acudió al juzgado y la demolición está congelada desde finales del 2009.

La guerra a las chabolas playeras se recrudeció en enero del 2010. Un equipo especial de cuatro agentes de la policía local patrulló todo el litoral. Contabilizaron cerca de 200 casetas irregulares, pero se toparon con un grave problema de competencias urbanísticas para poder derribarlas. "La inmensa mayoría están en la franja litoral. Ni puede actuar el Ayuntamiento ni la Xunta. Es competencia de Costas en Galicia, y por tanto, del Ministerio de Medio Ambiente", resume el edil ferrolano.

El Ayuntamiento buscó algún gancho legal que les facultase para intervenir y paralizar la obra, como un muro sin licencia o una pista de acceso que se estuviese adecentando para cazar al infractor in fraganti y precintar la actuación. Se abrieron 82 nuevos expedientes de infracción que remitieron a Consellería de Medio Ambiente, de la que depende la APLU, que tramita su resolución caso a caso. "Falta agilidad porque faltan medios", diagnostica Mato.