Una promotora niega haber sido presionada por el exalcalde de Polop

La instrucción del juzgado número 3 de La Vila Joiosa que investiga la supuesta corrupción urbanística que en un principio habría justificado el asesinato del exalcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, llegó ayer a su fin con la declaración del último testigo citado por la juez: el representante legal de Blauverd, Vicente Girbés Camarasa. Girbés declaró que en ningún momento recibió presiones o coacciones de Juan Cano para que la firma en la que trabajaba comprara un suelo que permitieron al sucesor de Ponsoda en la alcaldía, a un exconcejal, Jaime Narbó, y a su padre obtener plusvalías de casi un millón de euros.

Girbés declaró haber sido quien cerró la compra, pero que la negociación con Cano la llevó otro representante de la empresa. Calificó esta adquisición de suelo como "un buen negocio", aunque la operación se fraguó por un precio muy superior al de mercado dos semanas después de haber recibido provisionalmente Blauverd la condición de agente urbanizador.

Según la investigación de la Guardia Civil, Narbó compró en 1999 suelo en uno de los sectores de Polop por 60.101 euros, que luego fue declarado urbanizable. Tras la compra vendió dos parcelas a su padre y Cano por 7.500 euros cada una. Narbó, entonces concejal, y Cano, ya fuera del consistorio, las vendieron por 480.000 y 290.000 euros a Blauverd y entre los tres amasaron casi un millón en plusvalías. Los únicos imputados en el caso son Cano y Narbó por tráfico de influencias y el ex ingeniero municipal, José Vicente Martí Albiñana, por negociación prohibida a funcionarios.

Por encima de precio

Según el concejal de Urbanismo en 2005, Juan Andrés Llorens, Cano intentó que esas parcelas fueran permutadas por el Ayuntamiento con una valoración firmada por Martí muy por encima del precio de mercado. Al no acceder, Cano habría presionado a Blauverd para que las comprara, contando con que si no lo hacía, Narbó se habría negado a votar en un pleno a concederle la condición de agente urbanizador del sector 8 Teulería La Paz a la mercantil. Al final, se concedió provisionalmente a Blauverd la urbanización de la zona, que aún no es definitiva.

La fiscalía ha pedido la personación como testigos de Mónica Navarro, empleada de José Vicente Martí Albiñana que ejerció de testaferro en sus empresas y del representante legal de Balcon de Polop, otra adjudicataria del desarrollo urbanístico de Polop.