Igualdade resta legitimidad al informe del Consello Económico que critica la norma

La contundencia del informe del Consello Económico y Social (CES) sobre la ley de la familia dejó a la secretaria general de Igualdade "perpleja". Así lo explicó ayer Marta González Vázquez en la comisión parlamentaria de Política Social, en la que restó legitimidad a este documento. "Al emitir el dictamen no estaban presentes todos los miembros del CES; faltaban el presidente y seis miembros de la Confederación de Empresarios, que presentó enmienda parcial al documento, ya que no está de acuerdo con muchas de sus afirmaciones", enunció González a modo de introducción de su comparecencia.

"Consideramos que el anteproyecto de ley es el reflejo claro de lo que la sociedad vive día a día y abarca todo tipo de familias y todas las formas de convivencia", aseguró la secretaria general. Admitió que el CES parte de la idea de que el "proyecto normativo tiene una profunda carga ideológica" y que recupera papel de familia tradicional y heterosexual como materia de ahorro en crisis. "Resultan extrañas estas palabras. No podemos compartir esta opinión. Revisando punto por punto el anteproyecto se puede comprobar que el concepto de familia es amplísimo, incluye cualquier núcleo de convivencia estable: matrimonio civil o canónico, homosexual o heterosexual, parejas de hecho, individuos con ascendentes o descendentes u otras personas a su cargo, gestantes, y hombres y mujeres en proceso de adopción o acogimiento en pareja o en solitario", enumeró.

La diputada nacionalista Ana Pontón lamentó que se "cuestione la legitimidad de los órganos consultivos de Galicia" y criticó que en la comunidad haya "un Gobierno que no ampara el derecho a cuidar a niños, sino que fomenta que se den en adopción". "No se protege el derecho de las mujeres a la maternidad. Se les dice que la Xunta va a promover la adopción o la acogida. Cuestiona el reconocimiento de las mujeres a poder decidir si quieren continuar con su embarazo", censuró Pontón.

La secretaria general de Igualdade replicó que la protección a la interrupción voluntaria del embarazo ya está reconocida en una ley estatal. "Que no aparezca en el anteproyecto no aminora derechos de las mujeres. No podemos estar de acuerdo con un dictamen que vemos con perplejidad porque no se corresponde con la redacción y el objeto de la ley. Usted entra en una contradicción, dice querer proteger la maternidad, pero la pone como un obstáculo y ensalza el aborto como paradigma de emancipación, algo rechazado por parte de movimiento feminista", concluyó.