Un imputado declara que Fenoll amañó la basura de la Orihuela
Admite al juez que se reunió con un edil del PP y el hermano de la alcaldesa
Un imputado en el sumario del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y del urbanismo en Alicante) destapó ayer ante el juez la caja de los truenos. Luis Bracho, gerente de la mercantil Sufi, firma que en una UTE con Liasur y Gobancast ganó la contrata de la basura de Orihuela, ratificó al magistrado que estas dos últimas empresas están controladas por el cabecilla de la trama, el industrial Ángel Fenoll. El empresario niega la acusación y asegura que nadie puede demostrar que las empresas son suyas.
La declaración del directivo de Sufi corrobora la tesis de la investigación policial que considera probado que Fenoll creó estas dos falsas empresas para quedarse con la contrata. Bracho también admitió ante el juez que, previamente a la adjudicación, mantuvo dos reuniones con el concejal del PP Manuel Abadía y Jorge Lorente, hermano de la alcaldesa oriolana, la popular Mónica Lorente. El ejecutivo, no obstante, manifestó que no le constaba que el Ayuntamiento conociera que Ángel Fenoll controlaba Liasur y Gobancast.
Según el gerente de Sufi, el empresario era el interlocutor de las firmas tapadera
El contrato está valorado en 190 millones por un periodo de 20 años
El directivo de Sufi declaró por segunda vez ante el magistrado instructor, Carlos San Martín, titular el Juzgado número 3 de Orihuela, tras su arresto el 6 de julio de 2010. Bracho fue interrogado por espacio de casi cuatro horas y respondió a las preguntas de todas partes (12 letrados) más el representante de la Fiscalía Anticorrupción y el juez. El gerente está imputado por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
La UTE integrada por Sufi, Liasur y Gobancast, se hizo con la contrata de la basura de Orihuela en octubre de 2008. El contrato está valorado en 190 millones por 20 años. El Ayuntamiento, presidido por Mónica Lorente, del PP, retomó la adjudicación del concurso que dejó desierto su antecesor en el cargo, José Manuel Medina. Éste congeló el proceso precisamente ante una denuncia de Fenoll de un supuesto soborno por la concesión.
Bracho aseguró al juez que cuando la mercantil Sufi se interesó por la contrata de basura de Orihuela contactó primero con Fenoll, "porque este tiene un vertedero en el municipio". El directivo aseguró que Fenoll le dijo que iba a ir al concurso, pero no con su empresa oficial, la mercantil Colsur, sino que crearía otras nuevas, que al final resultaron ser Liasur y Gobancast.
El ejecutivo admitió que fue él personalmente quien negocio la formación de la UTE de Sufi con Liasur y Gobancast y que los interlocutores de esas mercantiles eran Fenoll y su clan familiar. "Me dijeron que en principio iban a vender Colsur y que iban a trabajar con Liasur y Gobancast", declaró Barcho. El contrato de la UTE se firmó en la sede de Sufi en Madrid el 7 de mayo de 2008. En esa fecha, el ejecutivo confesó al juez que ya era sabedor de que Fenoll optaba al concurso también con la firma Colsur. "Me dijeron que se tenían que presentar ellos [el grupo de Fenoll] para guardar las apariencias", puntualizó Bracho al magistrado.
El directivo de Sufi también admitió ante el magistrado que mantuvo dos encuentros con el concejal del PP Manuel Abadía y el hermano de la alcaldesa, Jorge Lorente. Respecto al primero puntualizó que desconocía que se tratara de un concejal. "Me lo presentaron como Manuel y me enteré que era concejal tras la adjudicación", dijo. En cuanto al segundo sí lo identificó como el familiar de la alcaldesa. No obstante, Bracho descartó que en esos encuentros obtuviera algún tipo de información privilegiada, "fueron intrascendentes", precisó. Manuel Abadía también fue arrestado en julio de 2010 y está imputado por tráfico de influencias y cohecho.
Discrepancias entre socios de conveniencia
La declaración de Luis Bracho, gerente de Sufi y, a su vez delegado de la mercantil para el área de la Comunidad Valenciana y Murcia, ha puesto al descubierto las primeras discrepancias entre los socios de la UTE adjudicataria de la contrata de la basura de Orihuela. En el transfondo de esas diferencias planea la picaresca del industrial Ángel Fenoll a la hora de pesar la basura.
Bracho, que al inicio de su declaración confirmó al magistrado que su alianza con Fenoll respondió a un pacto de conveniencias mutuas, concluyó su testimonio acusando a Fenoll de deslealtad a la UTE en el peso de la basura que llega a su vertedero. La UTE contrató con Liarsur el transporte de la basura de la costa de Orihuela a la planta de Fenoll, "pero sospechamos que hay servicios que se están cobrando por Liarsur sin realizarse, aunque no tenemos báscula para demostrarlo", puntualizó.
Bracho relató al magistrado los problemas de la concesionaria para prestar el servicio que comenzó seis meses después de la adjudicación. El principal escollo fue la entrega de la flota de camiones por la falta de financiación. Los vehículos fueron comprados a través de la empresa Autisa, del empresario Rafael Gregori, también imputado en este sumario.
El ejecutivo de Sufi declaró que, tras la adjudicación del contrato, cuando había problemas con el Ayuntamiento el encargado de hablar con el equipo de gobierno, era el gerente de la UTE, Miguel San Andrés. "Hasta la fecha la UTE ha perdido un millón y medio de euros y no se ha repartido como beneficios ningún dinero a Liarsur y Gobancast", aseveró Bracho.
El representante de Sufi también advirtió al juez de que "Miguel San Andrés sabía que detrás de Gobancast y Liasur estaba la familia Fenoll".
El imputado, en cambio, se mostró firme a la hora de rechazar que Sufi tuviera acceso a ningún tipo de información privilegiada (contenido del pliego de condiciones de la contrata) debido a los contactos del Ángel Fenoll con ediles del Ayuntamiento o como consecuencia de los dos encuentros que mantuvo con el concejal Manuel Abadía y el hermano de la alcaldesa. También desvinculó que Fenoll le facilitará un nuevo teléfono móvil en abril de 2008 en un intento de burlar las escuchas telefónicas. "Me dio el teléfono porque las cuentas le salían más baratas y las cargaría a la UTE", dijo. "Sabía que había un procedimiento judicial, pero pensaba que era el relativo al plan zonal y que no tenía nada que ver con la UTE", aclaró al juez.
