La juez admite a la Junta como acusación en el caso de los ERE

La Junta es ya acusación en el caso de los ERE que investiga el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Se trata de unas de las medidas con las que el Gobierno andaluz y el PSOE quiere hacer ver que su propósito es llegar hasta el final en el presunto fraude y que su proceder es radicalmente opuesto al del PP cuando le salpica un escándalo. "Esto nos va a permitir exigir responsabilidades civiles y penales", dijo ayer la consejera de Presidencia y portavoz, Mar Moreno, quien llegó a afirmar que no existe precedente de ninguna Administración pública en España que haya reaccionado de una manera tan "transparente, inmediata y contundente" en similares circunstancias.

Además, con independencia de las responsabilidades penales que se determinen, la Junta va a iniciar un trámite administrativo para dejar de pagar las falsas prejubilaciones y recuperar hasta el último euro percibido de forma indebida. Aunque los llamados intrusos son 146 (personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas), Moreno explicó que los que recibirán en breve la notificación con la solicitud del reintegro de lo percibido son 59 (sobre los que hay certeza). Los otros 87 casos, "calificados como discrepancias administrativas", se quedarán en suspenso pendiente de aclaración.

El Ejecutivo marca distancia con el exconsejero Antonio Fernández

Habrá un plazo de alegaciones para que el proceso sea lo más "garantista" posible y finalmente se emitirá una resolución con el fallo.

La máxima de conducirse con ecuanimidad y distancia que se ha marcado el Gobierno de José Antonio Griñán se dejó sentir especialmente en el terreno político. Lejos de entonar una cerrada defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández -imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación-, Moreno mantuvo una posición de cautela: "El Gobierno respeta la actuación de la justicia y la presunción de inocencia. Vamos a actuar como lo hemos venido haciendo: con rigor, sin culpabilizar inocentes ni defender a culpables".

Preguntada una y otra vez sobre el llamativo contraste entre la prudencia de esta declaración y el apoyo vehemente de otros consejeros -como el titular de Gobernación, Luis Pizarro-, Moreno señaló: "Yo soy la portavoz del Gobierno y está es la posición que se ha fijado. Siempre vamos a respetar los sentimientos que puedan expresar los miembros del Consejo de Gobierno, aunque le puedo asegurar que Pizarro suscribe todos los puntos de esta declaración. El Gobierno celebrará la inocencia de Fernández y lamentará su culpabilidad, pero va a actuar con exquisito rigor".

Aunque la portavoz reiteró que la Junta sostiene que la principal responsabilidad pivota en torno al ex director general de Empleo, Javier Guerrero -que ha admitido irregularidades-, dijo: "No sabemos si es la única. A día de hoy, el Gobierno andaluz no tiene elementos para pensar lo contrario".

Mar Moreno dijo que la dirección federal del PSOE, con quien se reunió el lunes la cúpula andaluza, cree "ejemplar" la reacción de Griñán en este caso.

Por otra parte, la juez del caso, Mercedes Alaya, ha imputado por malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación a seis personas en la investigación por las irregularidades en el ERE de 2007 de la empresa pública Mercasevilla: al ex director general de Trabajo Javier Guerrero, al ex director de Mercasevilla Fernando Mellet, al director adjunto Daniel Ponce, al exdelegado de Empleo Antonio Rivas y a los prejubilados José Antonio R. M. y a Antonio Garrido Santoyo, este último uno de los intrusos y exdirigente del PSOE de Baeza (Jaén).