Moody's duda de que el Consell sea capaz de controlar el déficit
La agencia rebaja la calificación de la Generalitat y del Instituto de Finanzas
La agencia de medición de riesgos Moody's rebajó ayer la calificación de la deuda de la Generalitat y del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que pasan de A1 a A2, que sugiere la existencia de un riesgo bajo de insolvencia pero con posibilidades de deterioro a largo plazo.
Moody's, que también rebaja la calificación de Cataluña (A3), Castilla-La Mancha (A2) y Murcia (A1), advierte que la Generalitat se ha desviado del objetivo de control del déficit fijado para 2010 y advierte que el Consell tendrá dificultades para lograr sus objetivos en 2011 y 2012.
La rebaja de calificación, señala la agencia, refleja la debilidad mostrada en los últimos años para controlar el gasto pese a los esfuerzos para corregir las desviaciones. Moody's destaca que la caída de la recaudación se ha traducido en problemas de liquidez y vaticina que el hecho de que 2011 sea año electoral dificultará la adopción de reformas estructurales, especialmente en sanidad y educación.
En su explicación Moody's argumenta que la perspectiva negativa refleja también las débiles perspectivas de crecimiento de la economía española y la contracción del mercado de crédito.
La rebaja de la deuda de la Generalitat fue recibida con naturalidad por el vicepresidente económico, Gerardo Camps, que responsabilizó, como es habitual, al Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero. "Es una consecuencia lógica de lo que está sucediendo en la economía española", señaló Camps.
La Consejería de Economía, que dirige Gerardo Camps, emitió también una nota en la que intentó minimizar la pérdida de calificación de la deuda de la Generalitat. Así, Economía indicó que la calificación a la Generalitat se enmarca en el proceso de revisiones realizado sobre España y otras autonomías. Para el Consell, la calificación otorgada, pese a su minoración, es la sexta más alta de un total de 21. Y además, según Economía, Moody's mantiene la calificación de la Generalitat en la deuda a corto plazo en el P-1, la más alta.
La Consejería de Economía también argumentó que la pérdida de nota del Instituto Valenciano de Finanzas es porque este organismo tiene la garantía de la Generalitat y sus calificaciones son similares.
En su escrito de valoración, el departamento que dirige Gerardo Camps insiste en que la situación de la Generalitat es mejor que el de otras autonomías que también han perdido nota, mientras que otras que están en una situación similar no son auditadas por Moody's.
Defensa de la subvención fotovoltaica
El pleno del Consell decidió ayer interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto del Gobierno que fija las medidas para corregir el déficit tarifario del sector eléctrico. El Consell se opone a que en los próximos tres años se reduzcan las subvenciones a los inversores que instalaron huertos solares en la Comunidad Valenciana. La Generalitat argumenta que el decreto no se puede aplicar con carácter retroactivo, ya que los propietarios tenían previsto y garantizado un régimen económico, y que la disminución de la subvención se aplica de manera homogénea a todo el Estado. Para el Gobierno valenciano, esta última cuestión es importante, ya que la reducción de la subvención se produce de manera lineal, sin tener en cuenta que los huertos solares valencianos, que reciben un mayor nivel de radiación solar, producen muchos más vatios en la Comunidad Valenciana que en otras regiones septentrionales.
En consecuencia, el Ejecutivo valenciano considera que los propietarios de huertos solares podrían perder en el próximo trienio una cantidad cercana los 121,5 millones de euros. El recurso de inconstitucionalidad aprobado ayer se suma al presentado esta misma semana contra el permiso de investigación de hidrocarburos concedido a la empresa Oil and Gas Capital, denominado Polifemo, en zona terrestre y que incluye 13 municipios de las comarcas de La Safor, la Ribera y la Costera. El consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, explicó que este recurso se suma a los presentados contra las autorizaciones de prospección frente a las costas valencianas.
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