La Generalitat impuso en 2010 205 multas lingüísticas

Repuntan las multas a los comerciantes que no rotulan en catalán. En 2010, la Generalitat impuso 205 sanciones, más que las 151 registradas el año anterior. La recaudación por estas multas también fue mayor: 182.000 euros el año pasado; 147.000 euros en 2009. Los datos los hizo públicos ayer el grupo parlamentario del Partido Popular, que preguntó las cifras al consejero de Empresa y Ocupación, Francesc Xavier Mena. Los datos de 2010 se acercan al máximo histórico que se registró en 2008, cuando la Generalitat cerró 209 expedientes por un montante total de 208.000 euros. Un portavoz de la Agencia Catalana del Consumo, que se encarga de las inspecciones a los comercios, explicó ayer que el aumento solo responde a una oscilación habitual en la imposición de multas. "No ha habido más inspecciones", aclaró un portavoz de la Agencia.

El PP recibió la respuesta parlamentaria con muchas críticas. Pidió el fin de las multas lingüísticas y las tildó de "vergüenza democrática", en palabras del secretario general del PP catalán, Jordi Cornet. "No es normal que tengamos que recordar constantemente que en Cataluña tenemos dos lenguas oficiales, y que los catalanes tenemos el derecho a expresarnos tanto en catalán como en castellano indistintamente", apuntó Cornet. Pese a que las multas lingüísticas las instauró el Gobierno de Convergència i Unió en 1998, no fue hasta la llegada del tripartito y con Esquerra en el Ejecutivo, en 2003, cuando se impusieron las primeras sanciones.

900.000 euros

Desde 2004, año en que se inició el cobro de estas multas, la Generalitat ha recaudado 900.000 euros, cifra que Cornet imputa solo al Partit dels Socialistes. Las sanciones se impusieron "en su mandato, por mucho que ahora renieguen de sus propias políticas", argumentó Cornet.

Las multas lingüísticas se imponen a los comercios que no rotulan en catalán, de acuerdo con la Ley de Política Lingüística. El PP y Ciutadans son muy críticos con estas sanciones y han pedido varias veces su eliminación. Sin embargo, la Generalitat también aplica las 120 normas estatales que protegen el castellano en el comercio. En 2009, la Generalitat multó a 94 empresas por no etiquetar sus productos en español.