Guerrero dice a la policía que informó de sus decisiones a los exconsejeros

El ex director general de Trabajo Javier Guerrero, imputado clave en el caso de los ERE (expedientes de regulación de empleo), aseguró ayer a la policía que informaba de todas sus decisiones a los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera en los consejos de dirección mensuales que celebraba la Consejería de Empleo. Guerrero compareció en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla como imputado no detenido durante cuatro horas, tras el aviso de su imputación que le notificó esta semana la juez del caso, Mercedes Alaya.

El ex alto cargo explicó por qué estima que su gestión de los ERE y las ayudas directas a empresas se ajustaba a Derecho: Guerrero recordó que el fondo de ayudas a empresas en crisis dotado con 647 millones entre 2001 y 2010, que definió como "fondo de reptiles" aunque luego se retractó, está amparado por la firma del convenio marco entre Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Sin embargo, la policía considera que Guerrero "prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" para conceder las ayudas y que existe un "vicio de nulidad de pleno derecho de todos los actos adoptados" por él, al vulnerar la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

Guerrero considera "criaturas" que necesitaban ayuda a algunos intrusos

De este modo, ayer el ex alto cargo justificó la concesión de todas las ayudas directas a empresas por un total de 87 millones, entre las que se encontraban los 7,8 millones concedidos a sociedades de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, y otras firmas del exconcejal socialista de El Pedroso Juan Enrique Rosendo, con quien Guerrero coincidió en la corporación cuando fue alcalde de ese pueblo de la Sierra Norte, al que otorgó ocho millones en ayudas.

El ex director general alegó que muchos de los 59 intrusos que ha hallado la Junta en su investigación interna (prejubilados que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas), él no los considera intrusos sino "criaturas", un término que aplica a "personas necesitadas" que cumplen unos "mínimos requisitos", y que él seleccionó de manera discrecional, tal y como ya explicó en una entrevista con este diario. Entre estas personas desempleadas que acudieron a su despacho en la Dirección General de Trabajo se encuentra su suegra, Victorina Madrid, prejubilada en el ERE del grupo Sos Cuétara. Ayer Guerrero afirmó que no existen más familiares suyos beneficiados por los ERE.

En su declaración, volvió a negar que conociera la inclusión de intrusos por parte de su amigo y exsindicalista Juan Lanzas, que incluyó a su mujer, a una cuñada y a sí mismo en dos ERE. Guerrero asegura que Lanzas y el comercial de Vitalia Francisco González actuaron a sus espaldas. Explicó que cuando accedió al cargo en 1999 la consejería ultimaba el expediente de Cárnicas Mollina, pero que tras los problemas impuestos por la Intervención, se estudió la posibilidad de cambiar el procedimiento para que la Intervención no pudiera objetar problemas para las ayudas públicas de los ERE. A partir de entonces, Empleo diseñó el acuerdo que firmarían en 2001 los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández.

La declaración de Guerrero ayer como detenido en comisaría sienta las bases de su defensa jurídica en el caso. A partir de ahora acudirá para como imputado al juzgado, donde aclarará ante la magistrada Mercedes Alaya su peculiar concepción de los intrusos, su papel como ejecutor de las ayudas previstas por la Junta para grandes reconversiones de sociedades. Por último, explicará cómo otorgó las ayudas directas a empresarios, Ayuntamientos y asociaciones sin informes de viabilidad ni seguimiento posterior que confirmara el uso de los 87 millones concedidos.