Alfredo Sáenz pide el indulto para evitar la inhabilitación

El Tribunal Supremo ha condenado al consejero delegado del Banco de Santander y expresidente de Banesto, Alfredo Sáenz, a tres meses de arresto y suspensión de su profesión de banquero por ese tiempo y a una multa de 400 euros por un delito de acusación falsa. La misma condena se impone a Miguel Ángel Calama, director para Cataluña de Banesto en el tiempo de los hechos, y al abogado Rafael Jiménez de Parga, por una querella falsa del banco contra cuatro empresarios.

A pesar de esto, el Consejo de Administración del Santander confirmó ayer a Sáenz en su puesto. Sáenz pedirá el indulto al Gobierno para paralizar su inhabilitación hasta que se resuelva sobre su recurso de amparo.

El Supremo ha reducido a la mitad la condena de la Audiencia de Barcelona, al apreciar que el delito no fue "continuado". También reduce la multa de 27.000 euros a 400.

El origen de esta causa se remonta a 1994, cuando Banesto emprendió una agresiva estrategia de recuperación de créditos dudosos. El banco presentó una querella falsa por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Modesto González y Luis y José Ignacio Romero, a quienes acusó de comprometerse a responsabilizase personalmente de créditos por unos 3,6 millones del grupo Harry Walker. Sin embargo, los empresarios, accionistas minoritarios, se habían negado a asumir esa responsabilidad. Nada más recibir la querella, el juez Luis Pascual Estevill encarceló a los industriales, lo que más tarde conllevó la condena del juez por prevaricación y detención ilegal.

El Tribunal Supremo mantiene que Sáenz conoció los hechos. "No resulta verosímil", dice, que Sáenz "ignorara los detalles esenciales de lo que estaba sucediendo". La sentencia contiene un voto discrepante. En él se entiende que no hay prueba de cargo suficiente. Sáenz va a intentar que la Audiencia de Barcelona no ejecute la sentencia, y que el Constitucional la deje en suspenso hasta que se resuelva su recurso de amparo.