Orden en las ayudas sociales

Para obtener ayudas sociales relacionadas con la vivienda hay, al menos, cuatro entidades dependientes de la Generalitat: el Institut Valencià de la Joventut (jóvenes), la Consejería de Bienestar Social (colectivos en riesgo de exclusión), la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (apoyo al acceso a pisos en general) y la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía (inmigrantes).

No siempre es fácil saber a cuál acudir y es frecuente pasar de una a otra (es decir, de hacer colas en unas dependencias a hacerlas en otras hasta dar con la ventanilla adecuada). Si no fuera suficiente con ello, a estas ayudas hay que sumar las que los Ayuntamientos conceden en la medida de las posibilidades de sus departamentos de servicios sociales, lo que complica aún más las cosas.

CC OO considera que el plan contra la exclusión es "un refrito"

Multiplicada la vivienda por el resto de parcelas (empleo, educación, marginalidad), el resultado es una constelación de iniciativas dispersas, desconectadas y, en muchas ocasiones, redundantes de ayudas para combatir la exclusión social.

Uno de los objetivos del II Plan para la Inclusión y Prevención de la Exclusión Social (Pipes) que ayer presentaron el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la consejera de Bienestar Social, Angélica Such, es combatir este problema y racionalizar todo este tipo de ayudas.

"Se pretende dar cierta racionalidad y aunar esfuerzos en un momento en el que los recursos son escasos", apunta uno de los representantes de las decenas de entidades sociales que acudieron ayer al acto. Ello implica coordinar las acciones que desempeñan las consejerías entre sí y, además, con la labor de los Ayuntamientos, a quienes se pretende dar un papel central. Pero además, se contempla desarrollar una serie de indicadores que permitan evaluar los avances en las distintas parcelas, así como fijar objetivos bien definidos, algo que "no se hizo en la anterior edición 2006-2010", apuntan las mismas fuentes.

Such dijo ayer que se trata de un plan "totalmente realista" con la situación actual de crisis "en la que la demanda social se incrementa y los ingresos públicos descienden", indicó. La consejera destacó, además, la participación de las entidades sociales en su redacción.

El sindicato CC OO cree, sin embargo, que se trata de un "refrito" de medidas que ya ofrecen las distintas consejerías y que su presupuesto para este año (1.396 millones de euros) no es más que la suma de las acciones disperas de los distintos departamentos.