El intermediario de Brugal niega la financiación ilegal del Hércules

Rafael Gregori, intermediario clave de la trama corrupta Brugal, negó ayer a la juez que pidiera dinero a contratistas habituales de la Diputación de Alicante para financiar la Fundación del Hércules. Gregori compareció como imputado por un presunto delito de tráfico de influencias ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Alicante, que investiga una presunta financiación irregular de la entidad que gestiona el equipo de fútbol. Esta investigación, una de las múltiples ramificaciones del caso Brugal, se centra en la supuesta obtención de fondos para la fundación a través de empresarios que habrían sido beneficiarios de adjudicaciones de obras por parte de la Diputación de Alicante, que preside José Joaquín Ripoll.

Mangada: "He venido a dejar el nombre de la fundación bien alto"

Gregori, tras prestar declaración ante la juez durante casi media hora, no quiso hacer declaraciones ante los periodistas. En esta pieza hay otros tres imputados: el diputado provincial y actual director de la Cámara de Comercio, Carlos Mazón, el expresidente de la Fundación, Ignacio Mangada, y el empresario Antonio Bonete, propietario de una de las firmas que supuestamente aportó dinero (39.000 euros) a la fundación a cambio de dinero.

El 24 de febrero pasado declararon ante la misma juez el actual director general de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Mazón, y el empresario Antonio Bonete. Ambos negaron las acusaciones. Mazón, que cuando se cometieron los presuntos delitos era diputado de Obras en la Diputación de Alicante, se limitó a comentar que acudió a declarar "para colaborar con la justicia y defender el buen nombre de la Fundación Hércules".

Mangada declaró ayer y también rechazó cualquier vinculación con los hechos que se investigan. A su salida del juzgado de Benalúa se mostró "satisfecho y contento" al poder declarar ante la justicia para "dejar el nombre de la Fundación Hércules y de las personas que han trabajado allí, como siempre, muy alto".

Rafael Gregori, responsable de la empresa de automoción Autisa, implicado en un delito de alzamiento de bienes en su firma, además, está imputado en las dos piezas fundamentales del caso Brugal, la que investiga la contrata de basura de Orihuela y la que investiga un supuesto cohecho en la adjudicación del plan zonal de residuos de La Vega Baja. La investigación considera a Gregori el intermediario clave en las operaciones fraudulentas de la trama.

El empresario está considerado por la policía como uno de los supuestos intermediarios en los negocios de la red -relacionados con la basura y el urbanismo-, en la que han sido implicados, entre otros, los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, este último accionista mayoritario del Hércules, así como el propio Ripoll.