Juárez "sobredimensionó" la plantilla, según los interventores

El juicio que se sigue desde el pasado día 2 de marzo en la sección de la Audiencia Provincial de Cádiz en Algeciras, contra el exalcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz) Juan Carlos Juárez por presunta contratación irregular de 114 personas, se reanudó ayer con la declaración de 15 de los 86 testigos citados en el proceso. Ayer se escucharon los testimonios de funcionarios municipales que participaron en el proceso de selección, auditores del Ayuntamiento, personal contratado durante el periodo investigado y de los interventores municipales. Estos no dudaron en calificar la plantilla municipal como "sobredimensionada" tras la llegada de Juárez a la alcaldía como representante del Grupo Independiente Liberal (GIL) en 1999.

Los técnicos municipales manifestaron en su declaración que pusieron "reparos" a los responsables del equipo de gobierno municipal, "ante el desorbitado número de contrataciones que se realizaron" ya que, según su versión, no había consignación presupuestaria para ello.

José Alfonso Ruiz Pau, interventor accidental entre noviembre de 1999 y enero de 2002, respondió a preguntas del Ministerio Fiscal y presentó "una copia del plan de saneamiento en la que indicaba que había habido un aumento espectacular de la plantilla" y que existía "falta de consignación presupuestaria para varios contratos". Asimismo, Alfonso Badillo, interventor entre 1996 y 1999, coincidió con su compañero en que la plantilla del Ayuntamiento se encontraba "sobredimensionada". Ruiz Pau insistió en que no se le notificó la contratación de 60 auxiliares de policía y que era inviable. Otro de los testigos que ayer prestó declaración fue el representante sindical de Comisiones Obreras en la Policía Local, Rafael Cuevas, quien en contra de lo asegurado anteriormente por algunos de los testigos, consideró que, "los auxiliares hacían falta". Cuevas participó personalmente en el proceso de selección.

El abogado de la defensa, Ricardo Fernández de Vera, señaló que "son numerosos los testigos citados, porque la mayoría son personas que fueron empleadas durante ese tiempo". El proceso arrancó con una denuncia del abogado Emilio Rodríguez Menéndez, quien llevó a los juzgados la presunta contratación irregular de más de un centenar de personas en el Ayuntamiento.

Tras la marcha de Menéndez, que aspiraba a la alcaldía, un policía local se personó como acusación particular y fue apoyado por el PSOE, quién representa a la acusación popular.